Las empresas YPF, Shell, Esso, Petrobras y Oil Combustible comenzaron a ser investigadas por el Gobierno en el marco de una denuncia por supuestos sobreprecios en la comercialización de gasoil, por un monto global de 3.500 millones de pesos.
Así lo anunciaron ayer el vicepresidente a cargo del Poder Ejecutivo, Amado Boudou; los ministros de Planificación Federal, Julio De Vido, y de Economía, Hernán Lorenzino, y el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, en el marco de una conferencia de prensa ofrecida en el Ministerio de Economía.
La denuncia fue formulada por distintas cámaras del autotransporte, como la Cámara Empresaria de Transporte de Larga Distancia (Celadi), la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor (Aeta), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba), la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap), la Cámara Empresaria de Transporte de Pasajeros y la Federación Argentina de Entidades Empresarias de Autrotransporte de Cargas (Fadeeac).
De Vido afirmó que va a "investigar en profundidad" esa denuncia, por supuesto "abuso de posición dominante" en el mercado de combustibles, que determinan sobreprecios de hasta el 30 por ciento entre la "provisión de gasoil a granel y el valor en surtidor". "Queremos que se investigue en profundidad en el seno de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, del Ministerio de Economía", sostuvo el funcionario.
De Vido alertó que los sobreprecios "distorsionan las variables del mercado y el Gobierno debe garantizar que el combustible
llegue a toda la población". Por ese motivo, el ministro llamó a las autoridades de Repsol a reunirse "cuanto antes" para resolver los problemas denunciados por los transportistas.
También convocó a las autoridades de Shell en Sudamérica a dialogar, pero advirtió que el presidente de la marca en la Argentina, Juan José Aranguren, "ha sido un sistemático opositor a las políticas del Gobierno nacional". "No queremos que el abuso de posición dominante vaya a tomar recursos que el Estado destina a los 40 millones de personas y no a cinco empresas", afirmó el ministro.
Por su parte, Schiavi puntualizó que la denuncia fue efectuada el 11 de enero último ante la Comisión Nacional de defensa de la Competencia. "El Estado decidió intervenir porque a pesar de que es una contratación entre privados, (el sobreprecio) afecta a todas las lineas de colectivos" y por ende, a millones de personas, sostuvo el funcionario. A su vez, Boudou resaltó que el Gobierno "no es neutral" ni le "da lo mismo", sino que "le pone la proa a los abusos de los monopolios".
