Algunas cuestiones –dos al menos-, merecen la atención de esta crónica de historia reciente, tanto por su naturaleza como por situaciones harto recientes que reflejan la continuidad en torno a la preservación de la memoria y al accionar de la justicia.
En tales sentidos, especulaciones vinculadas a la continuada miltancia en derechos humanos en el pago chico, referían desde la recuperada voz de familiares y sobrevivientes, el inicial análisis que les merecía que sectores políticos del oficialismo a nivel local, que habrían participado muy poco en la persistencia del reclamo y accionar de diversos sectores y actores sociales y políticos desde el retorno democrático, reclamen por espacios institucionales –secretarías, direcciones, oficinas-, que deberían entender en la temática de derechos humanos local, cosa que de original tendría poco, ya que ha sido parte de los reclamos que durante años han venido sosteniendo organismos, familiares, sobrevientes y militancia en general, en diversos ámbitos, y que sería percibida como la posibilidad de que alguna línea interna reciba como "retribución política" colocar a alguno de sus integrantes en un cargo institucional hasta ahora inexistente. Percepciones, apreciaciones, con mayor o menor grado de especulación, que en algún punto –o varios-, difieren con la(modesta) opinión del columnista, que considera que más que nombramientos "ad hoc" de discutibles personas, lo que debería diseñarse y acordarse son políticas de la memoria que expresen el interés del Estado local en acompañar, propiciar, extender, políticas públicas activas que van más allá de un cargo.
Que al respecto en el ámbito municipal –salvo contadísimas excepciones-, el funcionariado estatal "pejotista", no haya logrado resolver cómo extirpar de sus filas, por ejemplo, a un nefasto personaje –ya fallecido-, procesado por entregar trabajadores químicos en los ’70, haya sido porque le resultara determinante la representatividad que tenía –con más de 30 años en la "conducción"-, o porque integrara la CGT/Regional o por causas o motivos que cuadren, lo cierto es que poco ha sido el aporte estatal a nivel local, el que –quizás- motivado por la impronta política que imprimiera Kirchner desde inicios de su gestión en la temática de derechos humanos, y por la visibilidad que tomaron sectores "K" del pueblo, implicó "otra mirada" sobre un área relegada en la consideración de las gestiones municipales que –opina el columnista- en la continuidad por la vigencia de los derechos humanos, siempre ha sido considerada como "cosa de zurdos", para lo cual que exista alguna posibilidad de adjudicar un espacio institucional para éste o aquel, exhibiría en parte las limitaciones del tema, ya que tanto políticas por la memoria como, por ejemplo, derechos ambientales, situación de la población en contextos de encierro, violencia de género o discriminación, integran la versión ampliada y necesaria en lo que genéricamente se denominan políticas de derechos humanos que el Estado –municipal para el caso-, debería asumir como política activa, por lo que de comprobarse alguna especulación, seguramente la persona que se designaría, podrá actuar en la complejidad que el tema exige...
La otra cuestión, también cercana en el tiempo, se relaciona con la reciente presentación efectuada por familiares y sobrevivientes en Tribunales de San Martín en el mes de septiembre, los que necesitan para dar continuidad a las querellas, el aporte de testigos que hayan presenciado, visto, hechos o situaciones ocurridas durante al accionar represivo, las que serán evaluadas por los abogados patrocinantes de las querellas, y para lo cual pueden contactarse con Espacio Cultural Pachamama (pachacultural@gmail.com), para acordar encuentros y abordar el tema.
Otras aristas reviste considerar que la vía judicial iniciada en el 2004 y continuada este año, escenifica un panorama casi impensable apenas diez atrás, en el cual –como analiza Mario Wainfeld el domingo 16-, en relación a la actual gestión del Estado nacional: "Todo lo que hace, a estar a ciertas narrativas, es otra cosa que incorrecto o desacertado: es falso. Demos un ejemplo, entre docenas. Hay un cambio copernicano, formidable en materia de derechos humanos. Se reabren los juicios, se suceden las condenas. Se replica: es una falacia, sólo destinada a sumar votos. El ex presidente Néstor Kirchner, se fustiga, jamás se había involucrado en esos temas. Esas especies han sido refutadas pero, aun de existir, serían nimias, anecdóticas frente a la contundencia del avance ético e institucional. Y, llegado el caso, es doblemente interesante que alguien recorra el camino inverso al teorema de Baglini, por una vez: ser más audaz en el poder que cuando estaba en tránsito. Por último: hasta el 2003 a nadie se le había ocurrido ese camino para congregar adhesiones masivas, todas las fuerzas de gobierno eligieron otro rumbo."; y aunque puedan discutidas o rebatidas las apreciaciones del periodista, lo cierto resultaría que la posibilidad de avance en causas vinculadas a la (nuestra) zona, se enmarcan en el contexto político-institucional que describe. Así, y a riesgo de hilar más o menos fino, lo concreto es que tanto en los inciios de la causa 5310/04 como en la setembrina presentada en San Martín, la convergencia de actores sociales y políticos de diversa extracción político-ideológica, acompañó (acompaña) a las causas, a los querellantes, a los testigos, en el arduo camino que establece el sistema jurídico argento.
Que los ahora adalides de los derechos humanos, enrolados en vertientes "K", pretendan omitir o ignorar el camino transitado, inclusive por algunos compañeros peronistas, es una variante negacionista acorde al discutible compromiso que no asumieran en momentos en los que la eclosión provocada por el (nuestro) ex Presidente no estaba al tope del "ranking" en la consideración al menos, de variopintas figuras locales que poco gala han hecho de "generosidad militante", para sumarse a la posibilidad cierta de intentar buscar memoria, verdad y justicia, sin tener "contactos" especiales con la estructura de funcionarios de cualquier nivel estatal, y sin candidatos o candidateables en procesos electorales. Obviamente que compete también a quienes han bregado persistentemente en reclamos y acciones en política de derechos humanos, demostrar que su "generosidad militante" implica incluir y ampliar un espacio en el que participen otros actores político-sociales, inclusive aquellos con los que se disienta. Después de todo, de eso se trata la democracia, ¿o no...?
Queda para el cierre de la presente, recordar la figura del Dr. Juan Manuel Yalj, juez subrogante que entiende en la querella presentada en San Martín, el que sucede al Dr. A. Suárez Araujo, del Juzgado Federal N° 2 de San Martín, quien recibiera la causa 5310/04 que le enviara el Juzgado Federal de la departamental Zárate-Campana, y que abriera dudas en ámbitos de militancia en derechos humanos, respecto a cuándo llegarían a juicio oral los reclamos de los querellantes incluidos en esa primera causa; duda que comenzaría a despejarse en el corto plazo por el inicio del juicio oral, y que tendría continuar si prosperan las tramitaciones judiciales que llevan a cabo los representantes legales de los querellantes, ante el mencionado Yalj, funcionario de dilatada actividad en el ámbito judicial, al que ingresara en 1974 como Secretario del Juzgado Penal 1 de San Isidro hasta 1976, cuando ocupa el mismo cargo en el Juzgado Penal 3 de San Martín (www.jus.gov.ar/media/87185/Yalj.pdf), y en otros en los que forjara su carrera profesional, que también incluye la actividad académica que desempeñara en ámbitos universitarios, sin dejar de considerar lo comentado por fuentes cercanas a su familia –que pidieron absoluta reserva-, que han dado cuenta del frustrado paso del profesional por el Liceo Naval durante dos años, el que habría abandonado,entre otros factores, por discutibles relaciones familiares cercanos con el "Movimiento Nacionalista Tacuara" (https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_Nacionalista_Tacuara), lo cual no habría impedido que mantuviera una persistente y amigable vinculación con un arco de oficiales de las fuerzas armadas que adquierieran relevancia durante el "Proceso".
Situaciones que resulta estimable suponer no incidirán en las decisiones que tome respecto a juicios por delitos de lesa humanidad que se sustancian en su juzgado, entre los que está la causa iniciada en septiembre del 2011. Aun así, mirar hacia arriba o mirar hacia abajo, siempre admitirá el apotegma: "Nadie se salva solo".
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