El nerviosismo que impera en el oficialismo y que lleva a elevar su nivel de agresividad tiene varias lecturas. Una de ellas es que si eso es lo que emerge y se conoce, lo que está debajo del iceberg debe ser inconmensurable, en varios sentidos. El manejo de los fondos públicos en un contexto de campaña es uno de los focos de preocupación. Esto esta alimentado por esas manifestaciones que demuestran una preocupación desmedida ante la posibilidad de un recambio y potenciado por el incipiente uso de afiches en la vía pública. Siempre estas cosas dan lugar a conjeturas y en el marco de la poca transparencia con que se manejan los ingresos del municipio se configura un cocktail peligroso. En otro orden, existe una lectura menos política y más humana, y es que también debe ser un foco de preocupación para los funcionarios políticos el tema de su eventual reinserción en el ámbito privado. Sucede que después de varios años en el gobierno local muchos funcionarios deberían retornar o iniciar sus actividades en otro ámbito. Este es un tema más profundo, menos local, que afecta a todos los políticos en Argentina. Se trata del bajo nivel de movilidad entre el sector público y el sector privado que limita al Estado de contar con recursos humanos exitosos en otras áreas y desafíos de gestión, y por otro lado limita al sector privado de nutrirse con gente que tuvo el desafío de administrar presupuestos públicos y hacer una diferencia en la vida de numerosa gente. En este punto en particular deben promoverse políticas públicas desde los gobiernos nacionales y provinciales que fomenten ese imprescindible reflujo entre sector público y privado, que redundará en beneficio de ambos.
La necesidad de avanzar en transparentar la gestión de los presupuestos públicos es acuciante a todo nivel de gestión. Nuestro país tiene muchas necesidades insatisfechas, desde las más básicas y urgentes (entre ellas el hambre y la desnutrición infantil) hasta las más importantes como la educación. Frente a ello se necesitan políticas adecuadas y presupuestos para llevarlas adelante. Somos un país con notables carencias y no podemos permitir que el esfuerzo de los argentinos se dilapide en beneficio de unos pocos. Hoy se conoce el caso Schoklender y su manejo de los cuantiosos fondos de los argentinos que recibió la Fundación Madres de Plaza de Mayo, con poco o nulo control por parte del Estado. Este es el último caso, pero la lista es ya muy larga. Por todo ello es auspicioso que en un lugar del país, numerosas fuerzas con trayectorias y estilos distintos se hayan puesto de acuerdo para decirle basta a tanta arbitrariedad e injusticia. Ese lugar es Campana.
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