Esta semana nos visitó Federico Pinedo y dejó unas impresiones clave sobre el momento que vivimos los argentinos. En reiteradas ocasiones resaltó algo que de tan obvio se ha vuelto extraño: que el cumplimiento de la ley tiene un carácter optativo en nuestra sociedad y que es imperioso cambiar esa idea para ser un país normal. Gran parte de esa noción está generada por un propio Estado que no cumple con la ley. Si el Estado no cumple con la ley, los ciudadanos quedan expuestos a la ley de la selva, que es la del más fuerte. Al amparo de la ley del más fuerte sólo crecen sus amigos o sobreviven sus esclavos. A la par de un incremento en el "capitalismo de amigos" (es decir de empresarios que nunca por su habilidad o talento hubieran hecho las empresas o negocios que hicieron) los instrumentos de la esclavización (algunos nuevos, otros viejos) se han multiplicado. Entre ellos encontramos una educación pública de baja calidad, que se refleja no sólo en el rendimiento en los exámenes internacionales, sino también en la escasez de recursos humanos en el mercado del trabajo. Otro instrumento son los planes sociales, cuando son gestionados por el amiguismo o la sumisión, degradando a las personas necesitadas. Cuando estos planes se manejan como dádivas, lo único que logran es generar una situación de sometimiento. Si esa misma herramienta se utilizara como inversión social (con objetivos, derechos y obligaciones, como llevar los chicos a la escuela, hacer una capacitación laboral o tener a la familia con la vacunación y chequeos médicos al día), se jerarquizaría al que lo recibe, dándole la oportunidad de que su núcleo familiar el día de mañana se gane la vida por si mismo. Y está la inflación, que expulsa día a día a muchos argentinos por debajo de la línea de pobreza, eliminando paulatinamente el progreso que hubo luego del piso de la crisis. La lógica que nos gobierna es insensible con la gente y mentirosa con la realidad. Por eso cuando hablamos de que Campana tiene un cero en transparencia, nuestro énfasis tiene que ver con que ahí hay una contribución genuina que podemos hacer desde nuestra ciudad para restaurar el valor de las normas que regulan la vida en toda nación civilizada. Porque si un gobierno puede acreditar cómo se maneja con el dinero de sus ciudadanos se promueven relaciones de confianza entre gobernantes y gobernados que aseguran la gobernabilidad y alientan el cumplimiento de las normas. El informar cómo se gestiona es un deber, no un favor. La gestión pública se delega temporalmente en quiénes son elegidos para ello; pero quiénes tienen la responsabilidad de gestionar deben rendir cuentas a la población. En definitiva se trata de sacarle el Estado a los que han querido apropiarse de él, como si fuera un negocio familiar, para devolvérselo a su verdadero y único dueño: el pueblo.
contacto@campanaunionpro.com
