La sentencia llegó como consecuencia de la denuncia penal presentada por el fisco contra el presidente de Interquin S.A.
El titular de la firma fue condenado a tres años y seis meses de prisión por evasión agravada y por la utilización fraudulenta de una exención fiscal.
El contribuyente se había inscripto ante la AFIP como "fabricante de productos químicos", pero en realidad se dedicaba a la venta ilegal de combustibles.
Luego de una denuncia penal presentada por la Administración Federal de Ingresos Públicos, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3 de San Martín condenó a un empresario a la pena de tres años y seis meses de prisión por considerarlo responsable del delito de evasión de impuestos doblemente agravada. En la instancia judicial, la AFIP demostró la maniobra que evitó el pago de más de 13 millones de pesos a través de la utilización fraudulenta de una exención fiscal.
Ante las pruebas presentadas, los jueces Elbio Osores Soler y Alejandro De Korvez resolvieron dictarle prisión a Jorge Luis Hernández, presidente de Interquin S.A., una empresa inscripta ante la AFIP como fabricante de productos químicos y petroquímicos, pero que en realidad se dedicaba a vender ilegalmente combustibles.
Tal como denunció la AFIP, el contribuyente fue condenado penalmente responsable del delito de evasión agravada en el Impuesto a la Transferencia de Combustibles Líquidos por un importe de $ 13.699.782,60.
La maniobra
La firma se había inscripto en mayo del año 2000 ante la AFIP como "fabricante de distintos elementos químicos y petroquímicos" para obtener la exención reglamentaria que le permitía adquirir combustibles tales como gasolina, solvente, tolueno y otros, eximiéndose de pagar el impuesto establecido en la Ley Nacional de Combustibles Nº 23.966.
Interquin S.A. pocas veces llevó a cabo la fabricación de productos químicos. Sin embargo, la empresa continuó siempre utilizando el beneficio de manera fraudulenta y vendía el combustible que adquiría con la exención fiscal, sin efectuarle ningún proceso de industrialización.
Para dar una cobertura de "aparente legalidad", la firma documentaba falsamente operaciones inexistentes de venta de diluyentes, estabilizadores de suelos y demás productos. Ante la Justicia, la AFIP pudo comprobar que los responsables de la compañía culminaban la maniobra con facturación apócrifa a nombre de individuos indigentes y empresas fantasmas.
