El acuerdo fiscal pendiente entre la Nación y las Provincias es la madre de todos los acuerdos sociales y políticos. La Constitución establece que corresponde al Congreso Nacional aprobar una ley-convenio, sobre la base de acuerdo entre Nación y Provincias que asegure a estas últimas "la automaticidad en las remesas de los impuestos coparticipados". Adicionalmente, se establece que esa distribución deberá ser equitativa, solidaria y procurara la "igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional". Al respecto, la reforma constitucional de 1994 estableció que un nuevo régimen debía sancionarse antes de la finalización de 1996. Ya han transcurrido 14 años de ese mandato y no ha sido cumplido. En la actualidad se transfiere automáticamente a las provincias apenas el 30% aproximadamente de la recaudación nacional, siendo este el valor más bajo en los últimos 50 años. Si bien el Gobierno Nacional realiza otras transferencias discrecionales por fuera del régimen de coparticipación automática, al no existir un criterio o norma objetiva de distribución el régimen vigente afecta seriamente la autonomía política de las provincias. En cascada, la situación de los municipios bonaerenses queda expuesta a esta trampa del manejo de los recursos por parte del gobierno nacional. Esto se da por dos vías: por un lado el gobierno provincial tiene poca autonomía y eso implica que los municipios dependen de cómo el gobierno provincial se relacione (o mejor dicho "someta") al gobierno nacional de turno. Por otro lado, durante el gobierno de la familia Kirchner las transferencias directas de la Nación a los Municipios han tenido un crecimiento explosivo. Para graficarlo con números: las transferencias directas desde la Nación a los municipios pasaron de un promedio de 23 millones de pesos en el período 1995-2002 a 1496 millones de pesos en 2006. En este contexto puede entenderse cómo el Kirchnerismo concentra poder a expensas de las autonomías provinciales, limitando en consecuencia la capacidad de gestión de los gobiernos provinciales y locales en la medida que estos no sean afines a sus objetivos políticos. El Pacto Fiscal Federal se constituye así en una de las causas centrales que debemos perseguir todos los argentinos para devolver a nuestro sistema político la capacidad de generar soluciones, fortaleciendo los liderazgos provinciales y locales, y aumentando la oferta y calidad de los candidatos, vía la selección de los mejores gobernantes en función de su desempeño y no de su relación con el gobierno nacional de turno. En una segunda etapa, la Provincia de Buenos Aires (que por geografía y población tiene dimensiones de un país) deberá debatir el mejor sistema para coparticipar su recaudación a los municipios bonaerenses.
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