El titular de la Autoridad de Aplicación de la Ley de Servicios Audiovisuales Gabriel Mariotto afirmó recientemente en Campana que esa ley, de origen kirchnerista, es "la más liberal que existe".
Habría que empezar por aclarar que la ley sobre medios de comunicación más liberal que pudiera existir, sería la que no existiera. O al menos la que se limitara a distribuir al mejor postor las frecuencias de modo que unas no se interfieran con otras, cuando hablamos de transmisiones que se efectúan por vía aérea. En materia de cable no existe motivo alguno por el cual un gobierno nacional tuviera algo que decir en lo que es una comunicación privada entre una empresa y su cliente con un status que habría que asimilar a una comunicación de correo. A lo sumo quedará el problema en el orden municipal de cómo el cable se coloca en la vía pública.
Al contrario la nueva ley pretende poner al Estado, el principal problema de la libertad de expresión, en un rol de gendarme de la "Verdad" mucho más parecido a la inspiración con la que los países totalitarios impiden toda opinión o información inconveniente para el poder, que a cualquier idea de libertad. La verdad no es nunca el producto de la vigilancia, sino de su ausencia y de la multiplicidad de puntos de vista.
La Ley en cuestión decididamente no es liberal, porque en ella se asienta un contrasentido republicano -desgraciadamente originado en los centros académicos- en el que unos ciudadanos llamados periodistas u organizadores de difusión de ideas y noticias, según su perspectiva, son convertidos en algo así como servidores públicos que tienen "el deber de informar".
A mucha gente atrae esto de que se cambien derechos por deberes, pero el punto aquí es que tal cosa es contraria al pensamiento liberal dónde el ejercicio periodístico es privado, con fines privados, y su único control es el cliente, escucha, o televidente. No tiene deberes públicos, tiene intereses y deseos propios que otros valoran y pagan. Mientras que el deber de informar es pura y exclusivamente del Estado, caracterizado en la actualidad por sus secretos; lo que se llama "publicidad de los actos de gobierno".
En un sistema republicano, en materia de información el Estado es el estudiado, observado y desconfiado; no el policía de la "Verdad".
El sesgo anti empresario del proyecto también es anti liberal queriendo establecer diferencias entre "libertad de empresa y libertad de prensa". Una dualidad que le encanta repetir a mandamases allí donde la libertad de expresión se ejerce en la cárcel o en el exilio. Repito, a mucha gente le podrá gustar esto, pero no se le puede llamar liberal.
El artículo 32 de la Constitución Nacional prohíbe al Congreso legislar en materia de "libertad de imprenta", ni si quiera utiliza la expresión "libertad de expresión" porque eso estaba ya garantizado en el artículo 14. El artículo protege a las empresas periodísticas en los términos tecnológicos de la época. Porque en un sistema republicano las grandes empresas periodísticas representan el contrapeso con la escala suficiente para al Estado. Y en tiempos de la redacción de la Constitución no existía siquiera la distorsión monumental de la publicidad oficial sobre la rentabilidad de esas empresas.
Evitando la apertura del mercado el Estado logra reducir competidores, caso contrario lo hace legislando la vigilancia y colocándonos cada vez más a merced del tipo de "Verdad" que nos ofrece el INDEC. Distinto sería si eliminara privilegios de empresas o algo más drástico que algún día habrá que hacer que es la prohibición de la publicidad oficial paga. El Estado, en lo que al público interesa saber, es noticia. No tiene necesidad de pagar, aunque a los gobiernos les interese comprar voluntades.
Jose Benegas;
periodista, abogado, ensayista,
master en Economía y Ciencias Políticas
Twitter: @josebenegas
