Buenos Aires (Especial de NA por Martín Hermida) -- Las derivaciones generadas por la detención en Gran Bretaña del ex embajador iraní en Buenos Aires Hadi Soleimanpour subieron en los últimos días una cuesta cada vez más empinada y no parecen encontrar un techo en el corto plazo, mientras la pirotecnia verbal, al menos desde una de las partes en conflicto, también se incrementó y la situación amenaza con convertirse en un conflicto diplomático con final incierto.
En medio de este escenario, las principales entidades de la comunidad judía en la Argentina se mostraron firmes en cuanto a las denuncias de que hubo "participación" de ex funcionarios iraníes en el atentado que en 1994 destruyó la sede de la AMIA dejando 85 muertos y más de 200 heridos, pero trataron de no "politizar" la cuestión y evitaron generar roces con el Gobierno, con el cual habían logrado hasta ahora una buena sintonía.
A su vez, desde el propio Gobierno se movieron hasta el momento con la mayor de las cautelas y evitaron el "choque" con el régimen iraní, tal vez motivados por dos razones: por un lado, para no aumentar los decibeles de un conflicto que puede tener derivaciones insospechadas; por el otro, porque persisten dudas sobre si finalmente Gran Bretaña extraditará a Buenos Aires a Soleimanpour.
El ex diplomático, quien estaba al frente de la Embajada iraní en la Argentina en el momento en que se produjo el atentado a la AMIA, es uno de los ex funcionarios cuya detención había sido pedida por el juez Juan José Galeano para indagarlo en la causa.
A raíz del hecho, Irán denunció la existencia de "motivaciones políticas" y anunció el "congelamiento" de los vínculos comerciales y culturales con la Argentina, un paso previo para una eventual ruptura de relaciones.
Frente a este cuadro de situación, desde una de las instituciones políticas más fuertes de la comunidad judía en la Argentina, la DAIA, advirtieron que el Gobierno "no debe ceder a las presiones y a las amenazas" de funcionarios de Irán y se le pidió que "respalde las acciones judiciales" -en buen romance que avale el pedido de extradición del ex embajador-, según señalaron a la agencia Noticias Argentinas autoridades de esa institución.
Desde la AMIA, mientras tanto, uno de sus abogados, Juan Carlos Avila, señaló a NA que es "auspicioso" el hecho de que Soleimanpour haya sido detenido en Gran Bretaña y que no contara en ese momento con un "resguardo" mayor de parte de Irán, al tiempo que insistió en la necesidad de "hacer todos los esfuerzos para que se concrete la extradición", ya que están "absolutamente convencidos de que está relacionado con el atentado".
Los abogados de las dos entidades trabajaron a destajo para acercarle a Galeano -a pesar de las diferencias que mantienen con él- los elementos que consideran necesarios para sostener el pedido de extradición del ex embajador, y fundamentaron además su oposición a un argumento que podría permitirle a Soleimanpour recuperar su libertad: afirmaron que -a su entender- "no puede ser amparado por la Convención de Viena por el carácter de diplomático que tenía en 1994", el momento en que se produjo el atentado terrorista.
Justamente ese es un punto que algunos de los funcionarios argentinos que trabajan en el tema tomaron en cuenta a la hora de pensar que Gran Breteña podría resolver no extraditar al ex embajador: la interpretación que señala que un diplomático estaría protegido si gozaba precisamente de inmunidad diplomática en el momento en que se produjo determinado delito por el cual se lo sindica.
También entre las entidades judías se esforzaron por diferenciar la actitud del Gobierno actual -a pesar de la mesura y el argumento de que se trata de una cuestión exclusivamente judicial- de las acciones que había desplegado el ex canciller Carlos Ruckauf, quien fue acusado ante la Justicia por enviar supuestamente una nota a las autoridades iraníes dando "explicaciones" por la decisión de Galeano de pedir la detención, en ese entonces, de cuatro ex funcionarios de ese país.
Ante las críticas surgidas desde varios sectores reclamando lisa y llanamente una ruptura de relaciones con Irán, surgió inevitable la pregunta: ¿El Gobierno se quedó "a mitad de camino" al contestarle al Gobierno de ese país luego de que éste anunciara la interrupción de los vínculos comerciales y culturales con Argentina y que incluso su presidente, Mohamed Jatami, advirtiera que se tomarían "fuertes medidas" por este tema?
Una mirada detenida a ese comunicado pulido prolijamente por el Gobierno indica que la administración Kirchner se limitó a marcar que el pedido de extradición es sólo "un requerimiento del juez competente", y de esa manera evitó involucrarse directamente en la solicitud; además quedaría a resguardo si Gran Bretaña decidiera no enviar al país a Soleimanpour por considerar que no están dadas las pruebas necesarias.
El Gobierno agregó en ese texto que "lamenta declaraciones políticas absolutamente ajenas a la naturaleza judicial de la causa AMIA" y se mostró esperanzado en que Irán "colabore con el requerimiento de la Justicia en todo aquello que ayude y esté a su alcance" para esclarecer el atentado, algo que, a decir verdad, no se viene dando pese a los pedidos judiciales efectuados hasta ahora.
La abogada de la DAIA y parte querellante en la causa, Marta Nercellas, aseguró a NA: "En forma tácita o expresa, la actitud de Irán siempre fue obstruccionista y por eso no sorprenden las declaraciones amenazantes de los últimos días. Lo que el Gobierno argentino no puede hacer es ceder a esas presiones.
Debe haber una acción fuerte respaldando las acciones del Poder Judicial y buscando que se cumpla la extradición" de Soleimanpour.
Con el telón de fondo de amenazas y acusaciones mutuas, con la seguridad de algunos de que hay funcionarios iraníes involucrados y las dudas que genera una investigación que lleva demasiados años, el juego quedó abierto una vez más. Algunas de las cartas ya se conocen, pero todavía es una incógnita cómo continuará la partida.
