MADRID, (AFP-NA)- El juez español Baltasar Garzón pidió ayer a su colega argentino Rodolfo Canicoba Corral que procese a los 40 represores detenidos en Argentina y no los deje en libertad, en función de las acusaciones en las que el magistrado se basó para solicitar su arresto y extradición a España, una petición que reactivará si no es posible juzgarlos en su país.
De esta forma el magistrado de la Audiencia Nacional, principal instancia penal española, reaccionó a la decisión que el viernes adoptó el gobierno español de negarse a tramitar el pedido de extradición de los requeridos por los delitos de genocidio, terrorismo y tortura durante la pasada dictadura argentina (1976-83).
En un auto de siete páginas remitido el mismo sábado al juez argentino y al que tuvo acceso la AFP, Garzón le solicita que «tenga por denunciados los hechos a partir de esta fecha, sirviendo de denuncia formal esta resolución con la citada orden de detención» de 46 acusados, que él mismo dictó el 7 de julio pasado.
En virtud de esa solicitud de detención cursada por Garzón a través de Interpol, Canicoba Corral procedió a los arrestos efectivos en Argentina de 39 ex militares y un civil.
Tres de los 46 iniciales murieron y otros tres están prófugos. Garzón puso a «disposición» de Canicoba toda la documentación contenida en el sumario que instruye desde 1998 el juez a cargo del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
El auto del magistrado solicita que «se mantenga la situación personal de privación de libertad de los reclamados hasta que (el juez Canicoba)» adopte una decisión sobre si es posible procesarlos o no y precisa que si lo anterior no es posible «en el supuesto de imposibilidad de persecución penal de los hechos en Argentina, reactivará la petición de extradición».
Garzón envió al gobierno español los pedidos de extradición los días 19 y 20 de agosto pasados. Pero el viernes, el Ejecutivo español se negó a dar curso al trámite de extradición, argumentando que el Congreso argentino declaró el 21 de agosto la nulidad de las leyes de Punto Final (1986) y de Obediencia Debida (1987).
Asimismo invocó el Tratado de Extradición y Asistencia Jurídica vigente entre ambos países desde 1987, por el cual España considera que los tribunales argentinos son «competentes» para enjuiciar a sus nacionales.
Sin embargo, según el texto que el Ministerio de Justicia español presentó el viernes al Consejo de ministros, entre los razonamientos jurídicos expuestos indica que se trata de una «suspensión» de extradición a la espera de lo que ocurra en Argentina. «El gobierno ha suspendido su decisión a la vista de lo que suceda en Argentina», dice el documento, en el cual solicita a las autoridades judiciales de ese país que «eviten que la puesta en libertad (de los detenidos) se convierta en una decisión de impunidad».
