Buenos Aires, (NA)- El FMI envió ayer a la Argentina una señal concreta de avances en las negociaciones, al aprobar la quinta y última revisión del acuerdo firmado en enero pasado y que incluye un desembolso por 310 millones de dólares, tras autorizar una dispensa solicitada por el país por mantener algunos planes de competitividad.
Apenas el Congreso aprobó algunas de las leyes reclamadas por el Fondo, se reanudaron las tratativas, tanto en Buenos Aires como en Washington, en procura de un acuerdo a tres años de plazo.
El subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario y encargado del caso argentino, John Dodsworth, retornó al país con las correcciones a la carta de intención y en las próximas horas podría mantener negociaciones con funcionarios del Ministerio de Economía.
Por su lado, el director gerente del FMI, Horst Köhler, destacó que el FMI y la Argentina «trabajamos en conjunto para restablecer la sustentabilidad fiscal». «Continuamos trabajando estrechamente con las autoridades argentinas, para construir un fuerte programa económico de mediano plazo que ayude a sostener el crecimiento y reducir la pobreza, permitiendo que Argentina restablezca sustentabilidad fiscal», aseguró Köhler.
Esta suma de indicios pueden hacer prever avances en las tratativas para poder cerrarlas antes del 9 de septiembre próximo, cuando opere un vencimiento por 2.900 Millones de dólares.
El ministro de Economía, Roberto Lavagna, aseguró hoy que las negociaciones con el FMI «están dentro del cronograma de trabajo como estaba previsto», y señaló que el desembolso por 310 millones de dólares que concedió el organismo serán destinados a apuntalar las reservas del Banco Central. «Este es el acuerdo número 20 firmado con el Fondo, pero recién el quinto que se cumplió», enfatizó Lavagna, al destacar la decisión del organismo de aprobar la última revisión del entendimiento firmado en enero y que finaliza a fin de este mes.
Acerca de la objeción realizada por el Fondo en cuanto al incumplimiento incurrido ante la falta de eliminación de todos los planes de competitividad, Lavagna respondió enfáticamente: «Y, qué importancia tiene.
Ese es un tema menor, una cuestión burocrática». En una rueda de prensa con los periodistas acreditados en el Palacio de Hacienda, Lavagna no quiso realizar mayores precisiones sobre el avance de las negociaciones con el organismo, por las cuales se pretende alcanzar un acuerdo de mediano plazo.
Lavagna negó que tenga previsto viajar a Washington en los próximos días para acelerar las negociaciones con el organismo de crédito.
Por su parte, el presidente del Banco Central, Alfonso Prat-Gay, se reunió ayer con la directora ejecutiva del Fondo Monetario, Anne Krueger, para avanzar en las negociaciones.
Prat-Gay viajó a Estados Unidos para participar de un cónclave de presidentes de bancos centrales, que se desarrollará a fines de mes en Jackson Hole, Wyoming, en el norte de los Estados Unidos, encuentro del cual también participará el titular de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Alan Greenspan.
En las negociaciones se tratarán de destrabar las diferencias principales que están centradas en la pauta de superávit fiscal y la renegociación de tarifas y contratos de empresas de servicios públicos.
El retorno del funcionario del FMI al país coincidió con la aprobación del Parlamento argentino de leyes consideradas clave para avanzar en la negociación, que podrían concluir antes del 9 de septiembre próximo.
El tratamiento de las leyes que exige el FMI, por parte del Congreso, es uno de los avances que se registraron desde que Dodsworth había partido hace diez días a Estados Unidos para elevar el borrador de Carta Intención al directorio del organismo.
Economía insiste en negociar un acuerdo de tres años de plazo, posición que encontraría resistencias en algunas áreas del Gobierno que no quieren llevar adelante las reformas que debería afrontar la Argentina.
Según trascendió, en la Casa de Gobierno no se descarta la alternativa de un nuevo acuerdo transitorio de un año que evite el default con los organismos y que implicaría un menor grado de exigencia en las reformas que el Fondo reclama para el próximo año.
La meta de superávit primario discutida originalmente por los funcionarios de Economía con los enviados del FMI para los próximos tres años es de 3 por ciento en 2004, 3,2 por ciento en 2005 y 3,3 por ciento en 2006, números que distan del 4 por ciento que exige el Fondo.
Las otras diferencias están centradas en la renegociación de los contratos con las empresas privatizadas y el FMI ya advirtió a través de su vocero, Thomas Dawson, que el organismo exige un marco «previsible y comprensible» para el incremento de tarifas.
