El manotazo K sobre las Reservas Federales para pagar deuda externa sobrepasa los límites de la constitución y las leyes, trayendo consecuencias políticas e institucionales de alcances impredecibles.
Según el marco jurídico, es el Congreso Nacional quién reglamenta y delega en el Banco Central de la República (BCRA), entre otras cosas, la emisión de moneda y el pago de la deuda interior y exterior de la Nación (Art. 75 inc. 6 y 7 de la Constitución). A su vez la Ley de Carta Orgánica del BCRA establece que el Presidente de la Nación no puede darle órdenes, indicaciones o instrucciones (Art. 3), que solo puede remover a su directorio con causa y previo dictamen de una comisión bicameral (Art. 9) y no puede solicitarle préstamos con excepción de los adelantos transitorios (Art. 20). Por último, la prorrogada Ley de Emergencia Económica establece que las reservas son respaldo de la base monetaria y son inembargables.
Pese a estos preceptos constitucionales y legales, el gobierno K intentó en un principio avanzar sutilmente sobre las reservas federales con un instrumento de nombre rimbombante y objetivos aparentemente nobles.
El Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento y la Estabilidad nació a cinco días de finalizadas las sesiones ordinarias del Congreso a través del Decreto de necesidad y urgencia (DNU) 2010 del 14/12/09, con la idea de garantizar con 6569 millones de dólares de reservas del Banco Central el pago de la deuda externa 2010 y de crear un clima de confianza para el reflujo de capitales, la baja del riesgo país y el canje con los holdouts (fondos buitres que no aceptaron el último canje de deuda), hechos que mejorarían el perfil financiero internacional del país, abrirían mercados internacionales de crédito hoy cerrados y generarían un clima de negocios e inversión por hoy ausente en el país.
A pesar del nombre rimbombante y los objetivos presuntamente nobles, el Fondo del Bicentenario no alcanzó a despejar las dudas sobre la credibilidad que generan a esta altura las decisiones del matrimonio K. Más cuando se pone en juego un tema tan sensible como el pago de deuda externa con el ahorro argentino, sin antes atender los esfuerzos e inequidades consecuentes del mismo.
Si el fondo iba en línea con el modelo gobernante y hacía honor a las virtudes de su nombre, (bicentenario, desendeudamiento y estabilidad), ¿por qué no se hizo por ley, cuando K tenía mayoría propia en el congreso?
Si el monto y la forma de pago de la deuda externa 2010, ya había sido incluida y aprobada en la ley de presupuesto de este año. ¿Qué pago iba a garantizar el Fondo si no había un riesgo cierto de default? ¿De donde surge entonces la necesidad y urgencia del decreto? ¿Por qué habría de dar mayor certeza de pago un fondo surgido de dudoso decreto que la ley de presupuesto? ¿Por qué se adopta una medida que abre la puerta para que esos recursos sufran eventuales embargos externos? ¿O acaso no había un alerta de los abogados argentinos en los EEUU sobre esa posibilidad?
Si el Fondo de 6569 millones de dólares era para el Desendeudamiento, ¿por que se autorizó conjuntamente (Decreto 1953 del 09-12-09) registrar un programa de deuda pública argentina en el mercado doméstico de los EEUU por 15 mil millones de dólares? ¿O es que se piensa llegar al 2011 aumentando el endeudamiento externo si fuera necesario?
Si el Fondo era para la Estabilidad en un área tan sensible, ¿por qué se desató una tormenta político-institucional de semejante envergadura? Los mercados descreen. La Corte Suprema se declaró competente para tratar una impugnación al DNU que creó el Fondo. Hay planteos judiciales en primera instancia a resolverse en días. El congreso quiere reunirse en breve para tratar el tema y rechazarlo. El presidente del Central no aceptó disponer de las reservas y fue removido por otro DNU. ¿Si el objetivo era la Estabilidad, no están acaso logrando todo lo contrario?
Sin dudas el Fondo de nombre rimbombante y de objetivos nobles, es engañoso. No responde a ningún modelo político económico preconcebido porque nunca hubo tal modelo. Solo se trata de una salida coyuntural ante la adversidad económica. El verdadero motivo es la desaparición del superávit fiscal en las cuentas del gobierno y la necesidad imperiosa de obtener nuevos recursos para mantener la obediencia de gobernadores, intendentes, legisladores y sindicatos adictos. O sea sostener la caja política. Si se paga la deuda externa 2010 con las reservas federales, entonces se podrían liberar los recursos afectados a tal fin en el presupuesto para hacer política y aumentar el gasto público. Todo un mensaje para la tropa K que espera ansiosa cumplir con los anuncios electorales prometidos y mantener el clientelismo político para las internas partidarias.
Lamentablemente una vez mas el Kirchnerismo rompe el juego de las instituciones democráticas sin importar las consecuencias sociales y económicas de sus abusos de poder. Con el único objetivo de obtener caja para disciplinar la tropa propia y ajena, hoy avanza sobre las reservas federales como lo hizo durante el 2009 con los fondos del Pami ($ 2.800 millones), con el superávit de los organismos descentralizados (($ 10.400 millones), con los recursos provinciales del Ministerio del Interior ($ 9.000 millones) y con la emisión de bonos de mediano plazo ($ 22.000 millones). Mas de $ 40.000 millones raspando el fondo de la olla 2009 para sostener un gasto público desbordado e imposible de financiar.
Hoy con los 6500 millones de dólares de la reserva federal en la mano, se abren dudas sobre el destino futuro de los 10.000 millones de dólares de reserva excedente que aún quedan al alcance de una voracidad K que parece no tener límites.
El daño político e institucional que el Kirchnerismo está causando no será fácil de reparar si no se lo frena institucionalmente a tiempo. Sería bueno que esos límites surjan del propio peronismo, quien en su conjunto debería reflexionar sobre la hipoteca electoral que en su nombre le están dejando para el 2011.
Mario Valiente
Presidente Circulo Periodistas Campana
