Buenos Aires, (NA) -- Entre el 70 y el 80 por ciento de los puestos de trabajo que se crean es "en negro", con salarios que están por debajo de la línea de pobreza, según sostuvo el consultor Ernesto Kritz, de la Sociedad de Estudios Laborales (SEL).
El especialista consideró que si bien "hay alguna evolución en la creación de puestos de empleo, el problema es que todo indica que la gran mayoría de los puestos que se están creando son de muy mala calidad, que es un problema tan importante como la falta de ocupación".
En esa línea, Kritz expresó sus dudas acerca del "combate" contra el empleo no registrado que promete dar el Gobierno, con 400 inspectores visitando empresas de todo el país.
En ese sentido, dijo: "el Gobierno se propone un combate importante, frontal, pero los resultados que pueden obtenerse por vía de las inspecciones son necesariamente limitados".
Explicó que "si uno examina donde se concentra el empleo en negro, lo que encuentra es que una proporción muy elevada, del orden del 60 por ciento, está en pequeñísimos establecimientos de muy baja productividad, marginales".
"Esta situación refleja una estrategia de supervivencia en muchísimos casos. Contratar un trabajador y simultáneamente no pagar el IVA es un mecanismo de subsistencia para las pequeñísimas unidades económicas que probablemente de otra manera estarían en una situación más difícil de la que están hoy", puntualizó.
En declaraciones radiales, Kritz resaltó que "con 400 inspectores es muy limitado lo que puede hacerse para fiscalizar 300 ó 400 mil establecimientos que están ocupando a trabajadores en negro sólo en el área metropolitana".
No obstante, señaló que los operativos que realizará la AFIP "pueden tener algún resultado en empresas medianas donde sí hay trabajo en negro, pero creo que va a ser muy difícil bajar de una manera significativa los elevadísimos índices de trabajo no registrado, que supera largamente el 40 por ciento del total de los asalariados".
Para revertir esta situación, el consultor propuso "examinar si el financiamiento del sistema de seguridad social debe seguir atado a la posesión de un empleo, o debe hacerse una revisión mucho más amplia para que este financiamiento no esté ligado al trabajo sino a la actividad económica en general".
"Creo que así podrían alcanzarse algunos resultados que, además, serían consistentes con un hecho que quizás se desconoce, que es que no obstante la ley establece que la seguridad social se financia con contribuciones sobre el salario, el 70 por ciento de los gastos del régimen provisional público están proviniendo hoy de impuestos generales", enfatizó.
En ese sentido, aclaró que esos impuestos "son pagados por aquellos que reciben el beneficio de seguridad social, pero también por aquellos que no reciben nada, que constituyen la mayoría".
