Buenos Aires, (especial para NA por Pepe Eliaschev)- Es casi gracioso que suceda y Néstor Kirchner no tiene la culpa, pero lo cierto es que la Argentina se ha quedado por ahora sin una verdadera oposición política. Nueva contribución nativa al diccionario universal de las rarezas institucionales, en el país donde hace 12 meses se vociferaba un tenebroso "que se vayan todos", ahora un gobierno que estaría recogiendo un más del 70 por ciento de la aprobación popular está más atrapado por las infinitas y torvas internas del justicialismo que por las opciones que puedan surgir de fuerzas alternativas.
Chacho Alvarez, uno de los más lúcidos observadores de la escena política argentina, lo estampó de manera inmejorable hace 48 horas: "lo que yo veo preocupante (.) No es la construcción de un supuesto hegemonismo de Kirchner, sino la falta de un sistema de partidos políticos más competitivo; no hay partidos fuertes, ni en la esfera del liberalismo democrático ni en el centroizquierda. Ellos están en gestación. Entonces, el justicialismo coopta todo el escenario".
En ese vacío, ocurren situaciones negativas para una nación necesitada desesperadamente de mejorar su calidad institucional, como varias veces lo ha proclamado el propio Presidente.
Técnicamente agotado, el burbujeante e incómodo topetazo de Daniel Scioli con Kirchner y la demoledora respuesta presidencial suscitaron evocaciones atribuladas entre quienes detentan buena memoria política.
El peronismo ha sido un espacio históricamente pletórico de oportunidades para que las diferencias intestinas revienten a escala nacional.
En 1973, Héctor Cámpora y Vicente Solano Lima fueron arrojados al precipicio de mala manera, para colocar en la Casa Rosada a un oscuro personaje que preanunció la llegada del matrimonio Perón al poder. Tres lustros más tarde, la sociedad electoral Menem-Duhalde se deshizo para que, abandonando la vicepresidencia, el bonaerense pujara y conquistara su provincia.
El menemismo tardío reiteró el síndrome, cuando, después de 1995, Carlos Ruckauf se convirtió en una figura decorativa y alienada del propio Presidente, en un limbo institucional impresentable.
Con Scioli hubo asuntos de densidad inconfundible ante los cuales Kirchner obró a su manera, con fuerza masiva y sin procurar entendimientos amigables.
¿Hubo exceso en la demostración de fuerza? El tiempo responderá bien esta pregunta, pero para un presidente preocupado por las calidades institucionales de un país a cuyo frente se puso en las peores condiciones nacionales, tal vez no hubiera sido una mala idea preservar la noción de una fuerza tranquila. Porque todo debe ser reflexionado: ¿los funcionarios echados de la Secretaría de Turismo solo fueron expelidos por su dependencia de Scioli? ¿Eran malos o buenos, culpables o inocentes, eficaces o inútiles?
La calidad institucional se construye cotidianamente y en este caso la necesidad presidencial de obliterar los imprudentes derrapes de Scioli hizo caso omiso de un juicio más acotado y menos estrepitoso, no exento de un claro propósito aleccionador. En todo caso, fue Kirchner quien armó la fórmula electoral con Scioli y es entonces ahora el propio Presidente quien debe estar haciendo el balance de su propia decisión, aunque sería infantil hablar de "traición" o "decepción".
La noción de "traición" alude a códigos y criterios que funcionan tanto en democracia como en dictadura, en instituciones republicanas como en bandas armadas verticalmente comandadas. Esto alude también al curioso proceso de reelaboración de lo actuado en materia de memoria de la violencia que asoló a la Argentina y a la importancia concedida por el Gobierno a la llamada "anulación" de las leyes de punto final y obediencia debida. Este fue uno de los dos pasos en falso de Scioli, cuando le regañó en público a Kirchner por haber impulsado un movimiento legislativo al que consideró inútil y negativo.
Todo se mezcló entonces perjudicialmente para el país, porque, por ejemplo, junto con las "anulaciones" esencialmente retóricas y jurídicamente insostenibles, el Congreso ratificó la aceptación del tratado internacional sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, una iniciativa que pendiente de 1995 y de la que fue autor original un patagónico del que nadie se acordó en esta oportunidad, el entonces senador nacional por Chubut, Hipólito Solari Yrigoyen de la Unión Cívica Radical. Solari Yrigoyen fue atacado por la Triple A durante el gobierno justicialista y tuvo que exiliarse durante la dictadura.
Se preguntaba a propósito de esto el diputado Leopoldo Moreau, "¿por qué si la decisión de la Cámara de Diputados respecto a las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fue solo una mera declaración, no se instruyó en esa manifestación de voluntad política a los indultos del ex presidente Menem, que en realidad fueron la piedra angular de la impunidad en nuestro país?". En ese intersticio fundamental, en el cual la incoherencia o la doble moral destruyen legitimidad moral de la política, se instaló un editorial de EL DIA de La Plata, que planteó con singular franqueza un tema del que suelen despegarse los hombres del poder.
"El golpe de Estado (de 1976) efectivamente liquidó cualquier remota apariencia democrática y fue sistematizado el uso de la tortura y los secuestros y asesinatos cometidos por quienes invocaban el orden como su objetivo, cuando comenzaban por desconocer las normas elementales de hasta las sociedades más primitivas, en un escenario ni siquiera imaginable por la aplicación de un método represivo más que ilegal e irracional, absolutamente inhumano como lamentablemente tardó la sociedad en reconocer" afirmó el diario. Añadió: "Los horrores incluyen hechos que debieran haber sido inconcebibles por lo aberrantes, como el tráfico de recién nacidos. Hasta era imposible creer que algo así sucedería y que fuera llevado a cabo por quienes, por su carácter de funcionarios del Estado, parece que hubieran querido destrozar valores esenciales con el propósito de construir un Estado absolutamente totalitario al estilo de Stalin o de Hitler. A Medida que se fueron comprobando estos crímenes de lesa humanidad, una sensación atroz invadió a todos los argentinos que todavía no salen del estupor".
Pero enseguida advirtió que "la monstruosidad de la represión o puede tapar lo hecho por los grupos guerrilleros que amenazaron, extorsionaron, secuestraron y asesinaron a muchos argentinos en los años setenta. Aún cuando corresponde, sin lugar a duda, rechazar la llamada "teoría de los dos demonios", porque definitivamente el terrorismo de Estado merece ser ubicado en la categoría de un peligro social superior y espantoso, desconocer que los Montoneros cometieron crímenes sería un acto de arbitrariedad histórica y se parecería más a una reivindicación del terrorismo que a una genuina búsqueda de Justicia".
La ausencia de un escenario político articulado en el cual se expresen y jueguen armónicamente las instancias diversas de la sociedad civil es un déficit muy grave de la Argentina. Ese empobrecimiento de la calidad institucional se patentiza en las elecciones de este 24 de agosto en la Capital Federal, en las que parece haberse perdido por completo una aunque sea remota noción de lo que significó para la ciudad de Buenos Aires la reforma constitucional de 1994 en términos de autonomía y mejoramiento de la representatividad de la política.
Con un Aníbal Ibarra asociado a Elisa Carrió en la defensa de alineamiento con el Gobierno nacional y un Mauricio Macri al frente de una coalición conservadora-peronista ansiosa de ser homologada por el mismo Kirchner, el panorama es, en este sentido, de desasosiego.
Por eso, a dos semanas de los primeros 100 días, hay tantas preguntas como respuestas. Quizás eso sea inevitable, aunque no por ello se constituye en un balance definitivamente tranquilizante.
