La flamante Ley de Medios aprobada por el Senado el 10 de octubre, será objetada ante la Corte Suprema de Justicia por la provincia de San Luís, según informo ayer en conferencia de prensa su gobernador Alberto Rodríguez Saa. El puntano manifestó que la Ley es inconstitucional porque lesiona las libertades de las provincias.
Amparándose en el Articulo 32 de la Constitución Nacional, que indica que "el Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal". Rodríguez Saa sostuvo: "Queremos una ley que sea un canto a la libertad de expresión y no una ley cuyo foco sea el control de los contenidos".
Acompañado por el ex ministro de la Corte Rodolfo Barra y el Fiscal de Estado provincial Eduardo Allende el gobernador puntano manifestó sentir "orgullo al presentar esta acción contra la "Ley de Medios K" como rotulo a la norma y señalo que la producción propia del canal de San Luís, canal 13 en gran medida lo establecido por la ley, entonces le parece injusto que la legislación controle los contenidos.
El Gobernador también cito al caso de la radio indígena de Ranquel. El caso del pueblo Ranquel que en este momento tiene una radio y en la radio por supuesto no hay concurso nacional para cubrir el espacio en el medio Ranquel. A la Nación no se le ocurre eso y nadie se le ocurriría. Entones es muy injusto esto de tener un órgano de control pisándole la cabeza a quien quiera expresarse libremente a través de una radio detalló. La norma publicada en tiempo record y en una edición especial del Boletín oficial ya tuvo serias objeciones de otros sectores de la oposición. El radicalismo ira a la justicia a pedir la nulidad de la ley por el "fe de erratas" mediante el cual se justificaron cambios en los artículos 95 y 124. Por su parte el PRO pidió judicialmente que la norma no se aplique hasta el recambio en el Congreso el próximo 10 de diciembre.
Así las cosas la demanda que presentó el día viernes San Luís, explica que la Ley es violatoria del patrimonio y la jurisdicción y/o competencia provincial en materia de medios de comunicación, invadiendo un ámbito expresamente vedado al Gobierno federal por la Constitución Nacional y Supone un agravio a la jurisdicción provincial como también la autorización legal para que el poder político pueda ejecutar actos lesivos a esa jurisdicción y a la libertad de información .
