Buenos Aires, (NA)- Luego de varios anuncios, el Gobierno envió ayer el proyecto para una nueva Ley de Radiodifusión al Congreso, donde avanzaría con el apoyo de los partidos de centroizquierda, pese al rotundo rechazo expresado por los sectores más duros del arco opositor.
La iniciativa busca reemplazar el decreto-ley 22.285, sancionado en 1980 por el gobierno de facto de Jorge Rafael Videla, con el objetivo de "democratizar" los servicios de comunicación audiovisual.
Sin embargo los principales bloques de la oposición denunciaron que se trata de un intento del Gobierno de lograr "mayor control" sobre los medios de prensa y reclamaron que se trate después del recambio legislativo de diciembre.
Así se manifestaron por separado las bancadas de la UCR, la Coalición Cívica y Unión-PRO, que ya anticiparon su "absoluto rechazo" al proyecto.
No obstante, los bloques que votaron en consonancia con el oficialismo en las últimas semanas, como Solidaridad e Igualdad (SI), Encuentro Popular, Proyecto Sur, Movimiento Popular Neuquino y de la Concertación, se mostraron a favor de la nueva norma y prometen acompañarla en el recinto.
Este apoyo sería trascendental para que el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual avance sin grandes complicaciones en las dos cámaras antes del 10 de diciembre.
"No se debe confundir libertad de expresión con libertad de extorsión", advirtió la jefa de Estado en un nuevo embate a los medios de prensa, durante el anuncio que fue transmitido a través de cadena nacional a todo el país.
El proyecto apunta a la desconcentración de los medios: para ello limita el número de licencias de servicios abiertos (radio y TV) que una sola persona o grupo puede tener a nivel nacional, mientras que para la explotación de servicios de televisión por cable "en ningún caso la tenencia puede prestar más del 35 por ciento del total de abonados".
