Buenos Aires (Especial de NA) -- La violencia política se asoma amenazante en la campaña electoral, como signo de un país que camina con alto riesgo por el sendero de la intolerancia.
Las agresiones de ruralistas al gobernador Daniel Scioli o las que en forma reiterada sufre el jefe del bloque de diputados del PJ, Agustín Rossi, resultaron muestras de un país fragmentado con rencores a flor de piel.
Desde estos sectores agropecuarios se encargaron de minimizar los hechos al considerarlos aislados y, además, señalan que el gran generador de divisiones es el propio gobierno.
La conciliación nunca tuvo un lugar preponderante en la agenda de los Kirchner, un matrimonio que concibe al poder como una cuestión de hegemonía.
Pero nada justifica el accionar por mano propia ni que la jefa de Estado o ningún funcionario pueda pisar territorio agrario sin el temor de ser escrachado.
Nadie puede olvidar que esto se da también detrás de la omnipresente inseguridad y una creciente violencia social, como respuesta a la suma de carencias que sufre buen parte de la sociedad. Como ejemplo vale mencionar las peleas de la pobreza en los asentamientos de Lanús.
La dirigencia del campo, envalentonada por la repercusión del paro del año pasado que le provocó un desgaste fenomenal al Gobierno, se siente habilitada ahora para forzar un cambio de modelo.
Y más de una vez con conceptos que hacen dudar de la verdadera vocación democrática de más de uno de ellos.
Como cuando el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y hoy candidato a diputado, Ricardo Buryaile, dijo, en pleno conflicto, que si los legisladores ratificaban las retenciones "habia que disolver el Congreso".
O cuando el presidente de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati, dudó, en un programa televisivo, que Cristina Kirchner pudiera terminar su mandato.
El día después
La campaña atizó la diferencias, pero de uno y otro lado parecen olvidar que poco y nada cambiará en el escenario político a partir del lunes 29 de junio.
La administración de Cristina Kirchner ingresará prácticamente en su segunda mitad, en un país donde se ha frenado en forma abrupta el período de expansión y lucha para no quedarse en la fase recesiva.
Es más, todavía no se ha sorteado el momento de estancamiento con inflación, si se tiene en cuenta que los precios siguieron trepando a pesar del freno en las ventas.
Esto ha provocado suspensiones y despidos, según advirtió ya Hugo Moyano, un aliado clave del oficialismo, quien convocó para el martes a una reunión urgente del Consejo Directivo de la CGT para analizar esta cuestión.
Tampoco puede faltar en la etapa que se viene un marco de cierta austeridad fiscal, frente a la reducción de superávit como producto de la campaña y las cuentas cada vez más anémicas de cada una de las provincias.
Una mayor inserción internacional también está en la agenda de temas pendientes, ante la necesidad de ocupar un lugar de mayor expectativa en el concierto mundial.
La semana que pasó fue clara en la debilidad objetiva de la política exterior, cuando nuestro socio privilegiado, Venezuela, volvió a convertirse en un vecino incómodo.
O acaso a Hugo Chávez le interesó asestar el golpe a los Kirchner en plena campaña electoral cuando decidió nacionalizar más empresas del Grupo Techint. En la Casa Rosada se preguntaban si el verborrágico venezolano no pudo esperar otro momento para semejante anuncio.
Tampoco fue muy amigable cuando compró bonos argentinos y enseguida los vendió en el mercado, a un precio jugoso que le dejó importantes ganancias.
Es cierto, sí, que envió una importante cantidad de barcos con fuel-oil en el peor momento de la crisis energética, aunque a precios que encarecían en gran medida las cadenas de producción.
Por otra parte, habrá que ver el destino de emprendimientos partidos de la boca de Chávez, como el Gasoducto del Sur --hoy casi desestimado-- o el Banco del Sur, cuya acta funcional tiene aprobación de los ministros de Economía de la región, pero no hay fecha para la reunión entre los Presidentes.
Lo concreto en el plano local fue que este caso sirvió para distanciar aún más a la clase empresaria de las autoridades, en especial el poderoso Grupo Techint, que se encontraba muy cercano a Néstor Kirchner en los albores de su gestión.
La ira empresarial por la decisión venezolana tuvo más que nada un tono de mensaje interno para que aquí no se avance un camino igual al del país caribeño tras las comicios.
El temor resulta lógico a la luz de lo hecho en materia de estatizaciones, con empresa de servicios públicos, fondos previsionales y con las acciones en empresas privatizadas que quedaron en manos del Estado tras la eliminación de las AFJP.
Y los hombres de negocios no confían, pese a que el manual del capitalismo justicialista no contempla al Estado como el principal empresario, sino como el articulador entre lo público y el sector privado.
Los datos que reflejan las encuestas dan cuenta de que el 29 de junio tampoco habrá grandes modificaciones en el mapa de la política.
Los números dejan serias dudas de si alguien realmente podrá adjudicarse algún triunfo.
El Frente para la Victoria ya anticipó que festejará aunque gane por pocos puntos y pierda bancas en el Congreso.
La alianza Unión-Pro seguramente instalará una interesante cabeza de playa en Buenos Aires, con vistas a su proyección futura.
Pero, al mismo tiempo, ya sufrió un desgaje de la sociedad inicial entre Francisco De Narváez, Felipe Solá y Mauricio Macri.
Es más, Solá ya dio a entender que difícilmente continúe en esta triple entente a raíz del constante ninguneo que recibe de sus socios.
No haber sido incluido en un spot publicitario y que le hayan bajado gran cantidad de gente suya en las listas de diputados le provocaron un desgaste impensado hace nada más que tres meses.
Por esta razón, hubo actos de repudio y violencia en uno de los locales partidarios de De Narváez en las Cañitas.
Para el proyecto que encarnan los dos empresarios poco importa la desolación del ex gobernador de la provincia de Buenos Aires.
Es que para Macri está reservada la disputa por la Presidencia en 2011, mientras que para el ex dueño de Casa Tía la puja es por la gobernación bonaerense.
Con este objetivo a la vista, el actual jefe de gobierno porteño debe subirse a un tren justicialista si quiere aspirar a una trascendencia más allá de la General Paz.
Las millonarias campañas de las dos listas del PJ han eclipsado en los últimos días al más modesto Acuerdo Cìvico Y Social de Elisa Carrió y Gerardo Morales, quienes recorren con paciencia el país en busca de adhesiones.
Su apuesta judicial y mediática de impugnar las listas testimoniales dejó más ruidos que nueces y ahora se juegan al efecto de algunos spot televisivos que harán hincapié en la necesidad de brindar educación para erradicar la inseguridad.
Inseguridad, uno de los grandes temas de la actual campaña electoral, justo en un momento donde la violencia parece estar ganando las calles de la política.
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