Buenos Aires, (NA)- Apenas tres de los 46 ex represores a los que el juez Rodolfo Canicoba Corral ordenó detener como paso previo al inicio de un proceso de extradición que se estima demorará varios meses, no se habían presentado ayer en tribunales, aunque sólo uno de ellos podría quedar prófugo, según estimó el magistrado.
Se trata del marino Jorge Vildoza Ostini, quien ya se encuentra prófugo de la Justicia en otras causas, mientras que dos militares podrían quedar a disposición de Canicoba Corral durante el fin de semana.
El propio magistrado señaló que aún «no hay constancia de que (esos dos ex represores) estén anoticiados de que se los está requiriendo», por lo que «no se los puede considerar técnicamente prófugos».
Respecto de Vildoza, «presumo que como está prófugo en otras causas no se va a presentar», agregó el juez, que indicó, además, que de los 46 ex represores requeridos dos murieron y varios se encuentran a disposición de otros magistrados por otras causas.
En tanto, Canicoba Corral adelantó que a primera hora del lunes próximo le informará a la Cancillería el avance del proceso que se les inició a los ex militares para que dé aviso a su par español Baltasar Garzón.
Entonces, Garzón tendrá un plazo de 40 días para remitir los fundamentos de su pedido de extradición para que puedan comenzar los juicios que determinarán si los ex militares pueden ser trasladados a España.
El juez argentino destacó la «colaboración» que recibió del Ministerio de Defensa y de los integrantes del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas para que se pueda cumplir con las actuaciones que dispuso.
Ayer, el presidente Néstor Kirchner habilitó la extradición de los ex militares -si así lo disponen los tribunales- al derogar un decreto de Fernando de la Rúa que prohibía esa posibilidad.
Al respecto, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, sostuvo que la decisión presidencial «no» provocó tensión en las fuerzas armadas. «Las decisiones del presidente no se discuten en las Fuerzas Armadas», señaló Fernández, quien de todos modos aclaró que «los temas de las extradiciones deben ser decididos por la Justicia sin interferencia del Poder Ejecutivo».
Por su parte, el ministro de Justicia, Gustavo Beliz, consideró que con la derogación del decreto de De la Rúa «Kirchner ha puesto en pie de igualdad a todos los argentinos ante la ley, incluidos a los acusados de delitos de lesa humanidad».
El titular de la cartera de Justicia recordó además que la derogación del decreto 1580/01 «no pone automáticamente en los tribunales extranjeros a los 46 acusados», ya que deben ser los jueces argentinos los que habiliten esa posibilidad.
En ese contexto, hoy se conoció una encuesta que registró que dos de cada tres personas rechazan las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, aprobadas en la década del ’80 con la intención de impedir el juzgamiento de militares acusados por violaciones contra los derechos humanos.
