El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró al 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Desde 1981, las militantes en favor del derecho de la mujer observan el 25 de noviembre como el día contra la violencia. La fecha fue elegida como conmemoración del brutal asesinato en 1960 de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana, por orden del gobernante dominicano Rafael Trujillo (1930-1961).
El 20 de diciembre de 1993, la Asamblea General aprobó la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer.
Si bien las manifestaciones de violencia contra las mujeres y las niñas varían de un contexto social, económico, cultural e histórico a otro, es evidente que esa violencia sigue siendo una realidad devastadora en todas partes del mundo.
Las investigaciones, los datos y los testimonios existentes de mujeres y niñas de todo el mundo proporcionan pruebas escalofriantes. Se trata de una violación generalizada de los derechos humanos y un grave impedimento para el logro de la igualdad de género, el desarrollo y la paz.
Esa violencia es inaceptable, ya sea perpetrada por el Estado y sus agentes o por miembros de la familia o extraños, en el ámbito público o privado, en tiempos de paz o de conflicto.
Se han establecido marcos jurídicos y normativos internacionales, regionales y nacionales que abarcan muchas formas diferentes de violencia en los contextos público y privado. Sin embargo, los progresos registrados en la elaboración de esas normas, pautas y políticas jurídicas no han ido acompañados de progresos similares en su aplicación. Sigue siendo insuficiente y poco sistemática en todas partes del mundo.
Los Estados tienen la obligación de proteger a las mujeres y las niñas de la violencia, exigir responsabilidad a los autores, hacer justicia y proporcionar recursos a las víctimas. El incumplimiento de esas obligaciones es inaceptable.
Cuando el Estado no exige responsabilidad a los autores de actos de violencia y la sociedad consiente esa violencia de forma explícita o tácita, la impunidad no sólo lleva a que se cometan más abusos, sino que también hace pensar que la violencia del hombre contra la mujer es aceptable y normal. El resultado es que se deniega la justicia a las víctimas o supervivientes y se refuerza la desigualdad de género prevaleciente.
La eliminación de la violencia contra la mujer sigue siendo uno de los desafíos más graves e imperiosos de nuestros tiempos. Todo el mundo tiene la responsabilidad de actuar ante la violencia. Todos y cada uno de nosotros tenemos el deber de apoyar y mantener un entorno político y social en el que no se tolere la violencia contra las mujeres y las niñas, en el que los amigos, los familiares, los vecinos, los hombres y las mujeres intervengan para impedir que los autores de esos actos queden impunes.
