Buenos Aires, (NA)- El presidente Néstor Kirchner derogó ayer un decreto que impedía extraditar a militares acusados de haber cometido violaciones a los derechos humanos en la última dictadura, mientras comenzaron a quedar detenidos los miembros de la lista que envió desde España el juez Baltasar Garzón.
Kirchner derogó el decreto 1581 -que había firmado en su momento el ex presidente Fernando de la Rúa- pocas horas después de su regreso de los Estados Unidos, en una rápida respuesta política a la orden de detención dispuesta por el juez Rodolfo Canicoba Corral sobre 45 ex militares y un civil.
De esa lista, enviada desde España a la Justicia argentina por Baltasar Garzón, ya están detenidos Jorge Rafael Videla y Eduardo Emilio Massera -por otras causas relacionadas a la dictadura-, en tanto que ayer quedaron a disposición de Canicoba Corral Alfredo Astiz, Armando Lambruschini y Jorge Isaac Anaya, entre otros.
Debido a su avanzada edad -la mayoría tiene más de 70 años-, Canicoba Corral dispuso que los militares acusados cumplan prisión domiciliaria, en tanto que los demás fueron quedando detenidos en dependencias del arma a la que pertenecieron, ya sea el Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea.
En este escenario, el Gobierno nacional anunció la derogación del decreto 1581 en la Casa Rosada, en una conferencia de prensa que estuvo a cargo del jefe de Gabinete, Alberto Fernández; el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Beliz; y el canciller Rafael Bielsa. «De este modo, el presidente de la Nación reafirma la decisión del Poder Ejecutivo de que el tema de las extradiciones es un tema en el que debe intervenir la Justicia. Y es la Justicia la que debe resolver», expresó Fernández en la rueda de prensa.
Beliz, por su parte, enfatizó que el Gobierno corrigió una situación «flagrante» e «inadmisible» planteada por el texto firmado por De la Rúa, «que consagraba prima facie la denegatoria de los pedidos de extradición». «El anterior decreto establecía una especie de status especial que no es admisible en estado derecho, en una República con división de poderes, que necesita que la Justicia trabaje de modo independiente, que no haya sectores privilegiados», subrayó Beliz.
El titular de Justicia puso de relieve que Kirchner -al derogar el decreto 1581- pensó en «la igualdad ante la Ley, la división de poderes, el espíritu republicano y el respeto a que cada uno de los magistrados actúe de acuerdo a lo que entienda en la interpretación del derecho».
Por su parte, el jefe de Gabinete afirmó que en el Gobierno no existe «ninguna preocupación» por eventuales derivaciones que pudiesen producirse en el seno de las Fuerzas Armadas por esta liberación a posibles extradiciones. «El ministro (de Defensa, José) Pampuro le ha informado al señor presidente de la República que en las Fuerzas Armadas existe un clima absolutamente tranquilo y así debe ser», respondió Fernández.
El jefe de Gabinete agregó que en lo personal no cree «que las Fuerzas Armadas no quieran que la Justicia intervenga donde razonablemente deba intervenir».
Fernández prefirió no opinar sobre cuestiones vinculadas con la decisión que tiene pendiente la Corte Suprema de Justicia respecto de la vigencia de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final que protegen a los miembros de las Fuerzas Armadas. «Ese es un tema que está en debate ante la Justicia y lo tiene en sus manos la Corte Suprema.
Habrá que esperar el fallo judicial, nosotros no tenemos nada que opinar al respecto», sentenció.
Por su parte, los abogados defensores de los ex militares acusados por violaciones a los derechos humanos aseguraron ayer que apuntarán a que la Justicia argentina aplique el principio de «territorialidad» y no permita que sean juzgados en el exterior.
Estos letrados fueron los primeros que se presentaron ante el juez Canicoba Corral luego de que hizo lugar a la orden de captura de los 45 militares y un civil invetigados por el magistrado español por los delitos de «genocidio y terrorismo».
