Buenos Aires, (NA)- El presidente Néstor Kirchner podría firmar en su regreso al país el decreto que permita la extradición de represores argentinos a solicitud de tribunales extranjeros, derogando la prohibición que había sido dispuesta por Fernando de la Rúa.
De ese modo, quedaría allanado el camino para que sea la Justicia local la que determine la viabilidad de los pedidos de extradición para juzgar a personas acusadas por delitos de lesa humanidad.
En esa categoría se encuadran los 45 ex militares y el civil reclamados por el magistrado español Baltazar Garzón para ser juzadados en ese país, a los que beneficiaba el decreto 1.581 de De la Rúa, que ordenaba rechazar «in limine» los pedidos de extradición.
El Gobierno ya dio señales de que no sostendrá el decreto 1.581, pero hasta el momento, no concretó la derogación, lo cual debe ocurrir por medio de otro decreto presidencial.
El juez argentino Rodolfo Canicoba Corral ordenó ayer la detención «provisoria» de esos ex represores a la espera de que Garzón remita los fundamentos de sus pedidos de extradición, lo que no estaba vedado por el decreto de De la Rúa.
En tanto, Kirchner, en una entrevista concedida al diario norteamericano The Washington Post se pronunció en favor de que sean anuladas las leyes e Punto Final y Obediencia Debida que permitieron la libertad de ex militares implicados en violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. «No puede haber impunidad en Argentina.
Una sociedad sin justicia o memoria no tiene destino», expresó el mandatario en declaraciones a ese matutino, donde recordó que en la Argentina «hubo 30 mil personas que desaparecieron sólo porque pensaban diferente».
En su discurso de asunción, el mandatario había criticado la oposición manifestada en ciertos estamentos militares a la posibilidad de que ex represores deban pasar por la Justicia para responder por sus actos al sostener que las Fuerzas Armadas «debían estar comprometidas con el futuro y no con el pasado».
Esas expresiones fueron el prólogo de una conflictiva relación entre el jefe de Estado y ciertos integrantes de las filas castrenses, como el ex jefe del Ejército Ricardo Brinzoni quien criticó una supuesta «regresión al pasado» en cuestiones como la del juzgamiento de delitos cometidos en la última dictadura militar.
