Buenos Aires (Especial para NA por Luis Torres) -- El presidente Néstor Kirchner parece deslizarse por uno de los mejores momentos políticos de su corta carrera al frente del Estado argentino.
Si a los éxitos logrados en su gira europea se le agrega la invitación del presidente Bush para el miércoles próximo y la ovación que recibió en el acto conmemorativo del atentado a la AMIA, el panorama no podría ser más auspicioso y gratificante.
Todos estos datos le han permitido al Presidente tomar actitudes inéditas y de extrema dureza con representantes de las grandes empresas multinacionales francesas a quienes dejó esperándolo, y con los españoles, que llegaron a decir "Señor Presidente: usted nos tiene pariendo".
La actitud de dureza del Presidente con el mundo empresario debe interpretarse como un acto de coherencia con todo aquello que sostuvo en su campaña electoral, cuando recitaba con fuerza que no iba a "negociar con corporaciones".
Pero además, recibió un vigor adicional cuando consiguió el respaldo del premier británico Tony Blair y el del canciller alemán Gerhard Schroeder para sus negociaciones con el Fondo Monetario Internacional.
Y éste es precisamente el hilo conductor que tendrá el encuentro del miércoles con Bush.
Estados Unidos esta acercándose a una confrontación bélica con Corea del Norte por la posesión de aquel país asiático de armas nucleares fuera de control.
Por eso no es improbable que Bush necesite que toda América esté cuanto menos económica y socialmente ordenada, porque le resultaría sumamente inconveniente para sus intereses nacionales que mientras se embarca en una guerra en Asia, el sudcontinente esté agitado socialmente y desquiciado económicamente.
Se supone que el eje de la conversación de Bush con Kirchner será el apoyo que los Estados Unidos están dispuestos a brindarle a la Argentina en su negociación con el FMI.
Todas las declaraciones de funcionarios del Tesoro norteamericano, como el caso de John Taylor y la de los voceros del Fondo apuntan a decir que la Argentina habrá cerrado un acuerdo a mediano plazo antes de la primera quincena de setiembre.
Tal vez Bush le sugiera también que ese apoyo necesita una correspondencia por parte del gobierno de Kirchner. Esto es no sólo resolver las cuestiones fiscales sino aquellas leyes estructurales que en este momento están en pleno tratamiento: la reforma del sistema financiero, la ley que le permite al Poder Ejecutivo ajustar o no las tarifas de los servicios públicos y la ley de la compensación bancaria por la pesificación asimétrica.
Tal vez no con estas precisiones ni con estos detalles pero es probable que el presidente Bush le diga a su colega argentino que así como él hará un esfuerzo para acelerar la firma del acuerdo (Estados Unidos es el principal accionista del FMI) a Argentina le toca también hacer un "último esfuerzo" para que todo se deslice sobre ruedas.
Este "deslizamiento sobre ruedas" significa el comienzo de la negociación de la deuda externa y la salida definitivamente de Argentina de la situación de cesación de pagos o default.
El segundo tema central de la política del Presidente se refiere a la cuestión de los derechos humanos y a la violación de esos derechos durante la década del ´70.
Según todo parece indicar, el Presidente está dispuesto a firmar un decreto que permitirá la extradición de los militares acusados de violaciones a los derechos humanos a cualquier país que lo reclame. Pero la firma de ese decreto estará condicionado a un pronunciamiento superior, que aguarda turno en la Corte Suprema de Justicia.
En el máximo tribunal, que dicho sea de paso se encuentra bajo fuego, espera una resolución declarando la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final sancionadas en épocas de Alfonsín.
Si la Corte resuelve declarar la constitucionalidad de las leyes, Kirchner tiene abierto el camino para firmar el decreto que permite las extradiciones, porque como no se los juzga acá a esos militares violadores de los derechos humanos, tendrán que ser juzgados en el país que los reclama, pero si la Corte, siguiendo el pronunciamiento del Procurador General de la Nación, Nicolás Becerra, declara la inconstitucionalidad de esas normas, la firma del decreto de extradición se torna abstracta, porque esos militares podrán ser juzgados en el territorio nacional.
Pero la Corte por ahora no aparece como muy apresurada para pronunciarse sobre estas dos leyes, aunque antes de la caída de Julio Nazareno había ya cinco votos a favor de la constitucionalidad de esas leyes. Claro que ahora, sin Nazareno y con Moliné O´Connor en pleno proceso de juicio político, los votos y las tendencias pueden estar cambiando.
Este lunes el almirante Godoy, jefe del Estado Mayor de la Armada, ha citado a la totalidad de almirantes, vicealmirantes y contralmirantes retirados con residencia en Buenos Aires a una reunión en el Estado Mayor de la fuerza, donde seguramente el flamante jefe deberá enfrentar un momento de hondas discrepancias entre aquellos que ya están retirados y las políticas actuales del Presidente y el jefe del Estado Mayor.
El almirante Godoy ya sancionó con diversos arrestos a un buen número de oficiales superiores que firmaron una solicitada en contra de la extradición a comienzos de esta semana que termina.
Pero si las inquietudes de los sectores militares pueden ser aplacadas con argumentos de racionalidad, existe todavía en materia económica el dilema de la aplicación del coeficiente de variación salarial para el ajuste de alquileres y de créditos hipotecarios.
El presidente Kirchner reiteró en dos oportunidades con toda claridad, durante una conferencia de prensa ofrecida en Madrid, que su mayor aspiración en materia económica es recuperar la seguridad jurídica perdida y llamó "revolucionaria" la aspiración de llegar a ser un "país normal".
Entonces, si nos atenemos a lo dicho por el Presidente, difícil es que se cambien las reglas del juego en materia de coeficiente de variación salarial, que impactará aumentando casi un 15 por ciento las cuotas de los alquileres y de los créditos de aquí a ocho meses.
La solución que está planeando el Gobierno para impedir que ese incremento perjudique a los más pobres es a través de la ley de reforma del sistema financiero.
Es probable que se esté buscando un mecanismo novedoso de compensación para aquellos bancos que entregaron créditos y que ahora enfrentan la negativa a pagar el ajuste por parte de los deudores.
Un caso similar para los alquileres. Es por allí por donde vendrá la solución. No por una modificación de las reglas del juego que estipularon el CVS.
