La Plata, (NA)- El paquete de reforma para la seguridad en el ámbito bonaerense impulsado por el gobernador Felipe Solá tuvo ayer media sanción en la Cámara de Senadores y hoy será tratado en Diputados.
Los proyectos de ley aprobados se fundamentan en la ampliación de las facultades de los fiscales y los jueces de Paz; dar a gendarmes y prefectos las mismas atribuciones que tienen los policías para realizar cacheos y requisas y regular la actividad de los desarmaderos.
Solá había enviado a la Legislatura los decretos dictados la semana pasada para que fueran «refrendados» pero, el oficialismo, resolvió que fueran «convertidos» en proyectos de ley ya que la mayoría de las medidas dispuestas son modificaciones del Código Procesal Penal y ésto se puede hacer únicamente mediante el dictado de una ley.
Los legisladores del PJ se comprometieron a aprobar esta semana todas las iniciativas que Solá plasmó en los decretos, para lo cual esta noche se concretó en la sesión del Senado para pasar mañana a ser tratados en Diputados.
Las medidas aprobadas ayer disponen que «cuando concurran fundados motivos que le permitan creer que existe peligro en la demora», el fiscal «podrá, con conocimiento inmediato del juez de garantías, ordenar directamente el registro de lugares(...), la requisa personal(...), La orden de secuestro(...), La orden de presentación del artículo 227 y la interceptación de correspondencia(...)».
Asimismo, se otorgará a los jueces de Paz facultades que ahora son exclusivas de los jueces de garantías, señalando que «el fiscal podrá requerir al juez de Paz del lugar en que el hecho se hubiese cometido, las medidas de coerción personal; las medidas probatorias» y agrega que «cumplida la medida, continuará interviniendo el juez de garantías».
Además se faculta a los fiscales penales de la Provincia a actuar «en el inicio» de los casos de drogas, señalando que podrán «recibir en forma directa las denuncias o actuaciones prevencionales que llegaren para su conocimiento, referidas o relacionadas a delitos tipificados por la legislación sobre estupefacientes».
Por otra parte, se estableció que «las fuerzas de seguridad nacionales que intervengan en acciones de control para la prevención y represión del delito dentro del territorio de la Provincia tendrán las mismas atribuciones que el Código Procesal Penal confiere a la Policía local».
De esta forma, el personal de las fuerzas federales quedará habilitado a hacer requisas, cacheos y detenciones en situaciones de «in fraganti» o de «merodeo».
Finalmente, se dispuso «el cierre y clausura» de los desarmaderos que a los 10 días de la vigencia de la norma no se hayan inscripto en el registro creado con tal fin y no lleven libros en los que anoten toda la mercadería que posean.
