Buenos Aires, (NA)- Las cuatro entidades del campo expresaron ayer su desacuerdo con el proyecto oficial de retenciones móviles que cuenta con media sanción de Diputados, al participar de la primera reunión del plenario de comisiones del Senado que trata este tema.
En un clima más distendido que el que se vivió en la Cámara baja, los dirigentes del agro reiteraron sus quejas hacia el sistema de retenciones implementados por el Gobierno el 11 de marzo, y consideraron totalmente insuficientes las medidas tendientes a compensar a los pequeños productores. «Tal como está, este proyecto será el certificado de defunción de miles de productores», advirtió el titular de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, quien fue el dirigente ruralista más duro entre los que hicieron uso de la palabra durante la mañana en el Senado.
Al primer plenario concurrieron, además de Buzzi, el titular de la Sociedad Rural, Luciano Miguens; el presidente de Confederaciones Rurales, Mario Llambías, y el vicepresidente de Coninagro, Carlos Garetto.
Además, hubo una nutrida asistencia de senadores, que en determinado momento llegaron a sumar 48, o sea dos tercios del total de la Cámara.
La ausencia más notoria fue la del cordobés Roberto Urquía, dueño de la aceitera General Deheza, quien en este tema se abrió del oficialismo por estar a favor del campo, y que en consonancia renunció a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que presidía. Como consecuencia de esa decisión la comisión es encabezada ahora por el kirchnerista correntino Roberto Ríos, quien presidió el plenario junto a la cordobesa Silvia Giusti, titular de la Comisión de Agricultura.
La reunión comenzó poco antes de las 10.30, con casi media hora de demora, y se extendió hasta las 18.30 El primero en hablar fue Eduardo Buzzi, quien cuestionó la falta de una política adecuada para el agro, y advirtió que el proyecto oficial, «tal como está, será el certificado de defunción de miles de productores».
Si bien admitió que se introdujeron cambios «que intentan contemplar las necesidades de los pequeños productores», los consideró insuficientes. Buzzi sostuvo que «con las políticas aplicadas en los últimos cinco años los productores se han volcado a la producción de soja casi como única alternativa productiva, ganándoles terrenos al algodón, al tambo y a otras producciones».
Criticó luego implícitamente a la presidenta Cristina Kirchner, al decir que como consecuencia de la falta de políticas agropecuarias «se demonizó a la soja, diciendo que es un yuyo al que hay que erradicar». El titular de la FAA no rechazó en sí a las retenciones, al reconocer que se trata de «una herramienta de redistribución» de la riqueza, y aseveró: «estamos de acuerdo en que a los argentinos no se les puede dolarizar el precio de los alimentos». Por su parte, el titular de CRA, Mario Llambías, admitió que el campo tiene actualmente «una mayor renta», pero subrayó que los productores «los destinan a inversiones», lo que ha permitido el crecimiento del empleo en la agroindustria.
Llambías destacó que «muchos de los jóvenes que se fueron del campo volvieron y empezaron a crear una nueva clase agropecuaria». A su turno, el presidente de la Sociedad Rural, Luciano Miguens, dijo que «lo que precisa Argentina es un proyecto agropecuario», y recordó que el campo «fue solidario durante la crisis de 2001, cuando aceptó que se establecieran las retenciones ante la grave situación social que se vivía.
