El gobierno acaba de implementar distintas estrategias con la intención de por lo menos contener la explosión de violencia delictiva que se verifica fundamentalmente en el Gran Buenos Aires y partes de la Capital Federal.
Además del aumento de la cantidad de hechos delictivos, también ha aumentado el nivel de agresividad y violencia puesta en juego para llevar adelante los delitos. Robos de pocos pesos que terminan con las víctimas hospitalizadas. Robos de auto donde el asesinato del conductor es cada vez más usual. Secuestros donde la víctima nunca aparece. Policías baleados por el simple hecho de portar uniforme.
No hay un día en el que algún caso como estos no tiña de rojo las pantallas de TV; la sección policiales se ha trasladado a la tapa de los diarios; y en la radio no parece haber otro tema más importante. Al mismo tiempo, la reacción social no se hace esperar. Las víctimas y sus familiares se organizan y se suceden las marchas, los pedidos de justicia y las puebladas.
Así, los gobiernos nacional y provincial parecen encerrados en esta pinza que ahorca desde dos lugares sensibles: el machaqueo permanente de la prensa -o por lo menos una parte importante de ella- y el aumento desmedido -y muy real- de la violencia. Ambos espacios se retroalimentan mutuamente en una espiral sin fin.
¿Tendrá algo que ver con ambas situaciones la cercanía de las elecciones a gobernador en la provincia? En un país acostumbrado al juego de intereses ocultos, ¿es posible pensar que algún candidato busque beneficiarse con el miedo y la desesperación de la gente?
Más allá de coyunturas electorales y suspicacias políticas, es indudable que existe una relación entre los niveles de desempleo, pobreza y marginalidad, y el aumento del delito y la violencia. El riesgo de esta idea es criminalizar la pobreza, pero para evitarlo hay que discriminar las cuestiones.
Ser pobre no es sinónimo de ser delincuente. Lo que sí es real es que hay circunstancias sociales y económicas que afectan a millones de argentinos, y que les impiden llevar una vida digna, desarrollarse como personas y hasta alimentar a sus hijos. En este contexto, quizás sea la profunda inequidad social -más que la pobreza en sí misma- la causa más importante del aumento del delito, sobre todo teniendo en cuenta la exhibición pública y mediática de modelos de vida con alto poder de consumo, que la mayoría no puede ni podrá alcanzar.
Si acordamos en que existe una delincuencia que tiene su origen en causas sociales, para ella no habrá otra solución que un cambio en la situación social. En este sentido, trabajo, educación y un espíritu social más justo y solidario deben dejar de ser bonitos discursos.
Como decíamos, una cosa son las causas sociales de la delincuencia, que deben tener una solución social. Otra cosa es la consecuencia, el delito consumado, la violencia ejercida, el daño producido. Para esto no hay otra salida que la que prevé la ley: la acción policial efectiva y certera, y la acción judicial rápida e incuestionable.
