Buenos Aires, (NA)- El gobierno está dispuesto a habilitar por decreto de necesidad y urgencia al Ministerio de Economía a aplicar aumentos en las tarifas de servicios públicos a cuenta de la renegociación de contratos con las empresas, a través de un decreto que está a la firma del presidente Eduardo Duhalde.
Si bien los ministros ya firmaron ese decreto durante la reunión de gabinete que se llevó a cabo ayer en la residencia de Olivos, el secretario Legal y Técnico, Antonio Arcuri, debió salir a aclarar que su área aún debe analizar su contenido.
Por esa razón, todavía no fue firmado por el presidente Duhalde.
La difusión sobre la firma de este decreto fue muy confusa, ya que mientras por la mañana una alta fuente oficial confirmó que ya había sido firmado por todos los integrantes del gabinete nacional, Arcuri debió salir luego a brindar precisiones, ante la expectativa generada por esta norma.
Es que lo en principio iba a ser un encuentro sólo para anunciar un plan de generación de empleo -lo que también ocurrió- adquirió aún más relevancia.
Todo indica que el Poder Ejecutivo se dispone a tomar una decisión que venía siendo reclamada por la comunidad financiera internacional, y en especial por los países europeos cuyas empresas tienen fuertes intereses en los servicios públicos locales.
Desde el Grupo de los 7 países más industrializados, que dieron fuerte aval político al acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional, se viene pidiendo este ajuste para evitar que sus empresas vayan a la bancarrota.
Empresas como Edesur, Edenor, Metrogas y Gas Ban vienen advirtiendo que si no se ajustan las tarifas habrá problemas en la provisión del servicio porque deben enfrentar costos de insumos en dólares con tarifas pesificadas.
Una vez que el Ejecutivo dicte el decreto, el ministerio de Economía sólo necesitará revalidarlo mediante una resolución, según explicó una fuente oficial.
El decreto de necesidad y urgencia modificaría la ley de Emergencia Económica 25.561, por la cual estaban prohibidos los aumentos hasta tanto no concluyera el proceso de renegociación de contratos.
La norma, clave para las empresas, autorizaría a disponer subas parciales en el costo de los servicios, en carácter de anticipo de los que se permitirán luego de la renegociación.
A partir de esta medida, el ministerio de Economía podría, con sólo una resolución, asignar los aumentos en las tarifas de luz y de gas, los más próximos según todas las fuentes consultadas.
Antes de la reunión de gabinete, el vocero presidencial, Luis Verdi, dijo que Duhalde "quiere resolver de una vez por todas" el tema de los aumentos de tarifas en los servicios públicos. "Para nosotros no es ningún beneficio que el día de mañana digan por qué no resolvieron este tema antes", señaló el portavoz presidencial, al recordar que no se pudo "llamar a audiencia pública para discutir el tema, y que se firmó un decreto con un aumento mínimo y también se trabó". "La Justicia gobierna en algunos casos y no hay un Poder Ejecutivo que tenga capacidad de hacerlo y las manos libres para actuar", sostuvo Verdi.
Este será el tercer intento de ajustar las tarifas de servicios públicos luego de que la intención de disponer aumentos en las dos anteriores oportunidades fueran frenados por la justicia.
En diciembre último, el gobierno había dispuesto aumentos del 7 por ciento en el gas y un 9 por ciento en electricidad, más la implementación de una tarifa social que exceptuaba del ajuste a los usuarios de menores recursos, pero fue invalidado por la justicia.
