La Plata (Especial para NA, por Marisa Alvarez) -- Una pesada, espesa incomodidad se instaló en la Gobernación en los últimos días, a medida que la Justicia iba desentrañando posibles vínculos del dirigente piquetero que lideró la toma de un ministerio bonaerense, y al que se le encontró un nutrido arsenal en su casa, con la Casa Rosada. Es que esos eventuales vínculos -institucionales y/o políticos- están siendo investigados en la Justicia, donde habría algunos indicios en ese sentido. Y aunque entre esa posible relación y la hipotética incidencia desde alguna oficina del gobierno nacional en la toma del ministerio provincial, cuando hacía apenas una semana que Daniel Scioli había asumido como gobernador, haya en verdad un abismo, las conjeturas en ese sentido ya se echaron a correr.
De hecho, esa probabilidad ya no aparece como absolutamente nula (en la medida que existan vínculos políticos entre el dirigente piquetero y la administración kirchnerista) y los datos que trascienden de la investigación judicial alimentan las especulaciones.
SOSPECHA CRUEL
Es esa sospecha lo que ha generado inquietud en el gobierno provincial. Allí juran, todas las fuentes disponibles, que no tienen la menor de las dudas de que en el gobierno nacional desconocían absolutamente la decisión del grupo piquetero de atacar una dependencia bonaerense a una semana de la asunción de Scioli. Pero el sólo hecho de que circule esa conjetura incomoda al Gobernador y su gabinete, sometidos a las consecuentes preguntas. Y en ese equipo no quieren ni imaginar que puedan tener que verse en la situación de asumir que la historia deriva en algo más que una hipótesis sin asidero.
De acuerdo a los trascendidos judiciales, lo que se sabría hasta ahora es que el MP-29, el minúsculo grupo piquetero que tomó con armas de fuego y bombas molotov el Ministerio de Desarrollo Social bonaerense, tiene planes para desempleados y ha recibido asistencia social del gobierno nacional. El grupo, además, se autodefinía como una organización social -una de tantas- alineada con el kirchnerismo. Y su líder, Daniel Rodríguez, habría hecho gala de presuntos contactos políticos con algunos funcionarios que habitan la Casa Rosada.
Pero todo esto no se maneja en la causa por la toma del ministerio, abierta en la justicia provincial platense. Rodríguez fue detenido por una denuncia de su mujer, vinculada a una violenta pelea doméstica, y el hallazgo de un arsenal en su casa derivó en que el juez federal de Quilmes Luis Armella lo procesara por tenencia de armas de guerra. Y es en el marco de esa causa que se están investigando los posibles vínculos, y su eventual naturaleza, con funcionarios del gobierno nacional.
PREGUNTAS DEL MILLON
En ese contexto, y con los pocos datos disponibles, son varias las preguntas del millón que están abiertas por estas horas. Si el gobierno de Scioli hacía apenas una semana que se había instalado, y por lo tanto también el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, ¿por qué el MP-29 dio por terminadas sus gestiones, orientadas a recibir mayor asistencia, en tan poco tiempo?
El único antecedente inquietante conocido del grupo había sido una "toma" relámpago que habían realizado en un depósito de ese mismo ministerio, bastante tiempo antes, de donde se llevaron mercaderías. Pero allí no ejercieron la violencia ni hicieron ostentación de armas. ¿Por qué esta vez resolvieron una ocupación del ministerio, provistos de pistolas y bombas, no dudaron en herir a varias personas, desataron el pánico y destruyeron muebles, equipamiento y documentos? ¿Tenían planes sociales de la Provincia durante la gestión de Felipe Solá y qué clase de asistencia recibían de esa administración? Con el cambio de gobierno, ¿se les negó algo que se les venía dando?
MAS DUDAS
Si el grupo se definía alineado con el kirchnerismo, ¿por qué, como fue evidente, no hizo opción por las negociaciones y el diálogo con un gobierno provincial del mismo signo, y encima nuevo, y prefirió la vía del ataque y la violencia?
Si era un grupo con alineamiento político, como proclaman sus integrantes, ¿una decisión tan grave como la de atacar un ministerio con bombas molotov fue tomada exclusivamente puertas adentro de la organización?
Arroyo dijo que estaban conversando sobre los reclamos que había traído el grupo cuando éste decidió pasar a la acción y tomar las armas. Los piqueteros afirmaron que sus requerimientos habían sido rechazados por el ministro. Algo es seguro. El MP-29 había llegado hasta esa dependencia pertrechado para ocuparla violentamente, incluida una gran y prolijamente escrita bandera que anunciaba "ministerio tomado".
DESOCUPADOS CON ARSENAL PROPIO
Nada de esto pareciera encontrar respuestas, por ahora, en el marco de la investigación abierta en la justicia federal de Quilmes, y muchísimo menos en la justicia provincial. Sí parecería surgir, incontrastable, que uno de los grupos de desocupados que desde hace años recibe planes y asistencia oficial se había armado hasta los dientes. Y que esto era hasta ahora desconocido por organismos públicos. Lo que no se sabe aún es para qué. Y la duda se instala. ¿Es la única organización de ese tipo que tiene un arsenal?
UN CONFLICTO ENREDADO (O ENREDADOS EN UN CONFLICTO)
Mientras tanto, el gobierno de Scioli ha visto enredarse, con el correr de los días, un conflicto sindical que afecta a miles de bonaerenses.
Las medidas de fuerza ya se venían realizando en el Registro Provincial de la Propiedad, por cuestiones salariales, antes de que asumiera la nueva administración. Pero desde esa asunción, el conflicto viró, y los paros fueron mantenidos -y aún extendidos a todos los días de cada semana- en rechazo a medidas estructurales tomadas por el nuevo gobierno.
Ahora, concretamente, además de la cuestión salarial, los empleados que sostienen el paro reclaman que el ente recaudador provincial no tenga acceso a la base de datos del Registro, un acceso que le permite la ley propiciada por Scioli por la que Rentas fue transformada en ese nuevo ente de recaudación de impuestos.
Las bases de datos son, en primer lugar, del Estado bonaerense, no de un organismo puntual. Y el resguardo que debe tomarse es que esa información, si es confidencial o puede ser mal utilizada, llegue a manos privadas. El reclamo de que esa base de datos no pueda ser manejada por el ente recaudador porque éste es conducido por Santiago Montoya y "desconfían" del uso que este funcionario pueda darle, obliga a preguntar si entonces cada titular del Registro, por caso, debería contar con la bendición del personal.
COMO SIGUE
Lo cierto es que la dimensión que alcanzó el conflicto se reflejó en que el Gobernador fuera personalmente hasta el Registro a mediados de la semana pasada.
Por lo pronto, las razones de la continuidad del conflicto se han tornado confusas y los trámites se siguen acumulando. En estos últimos días se alcanzó cierta distensión, al pactarse una tregua, que implicará el levantamiento del paro mientras se reanudan las negociaciones. Pero no está claro qué pasará con la exigencia de que se cambie una ley para que ningún otro organismo del Estado provincial acceda a la información del Registro.
