Buenos Aires, (Especial de NA por Martín Hermida)En medio de una semana en que las novedades económicas le dieron un poco de aire al Gobierno con el paso por Buenos Aires de Horst Köhler, los hombres del Presidente comenzaron a sentir cómo les quema las manos un tema no menos complejo y que puede traer complicaciones dentro del país y en la relación con las demás naciones: el de los pedidos de extradición de militares acusados de violaciones a los derechos humanos.
Un sector del Gobierno, según señalaron a la agencia Noticias Argentinas varios funcionarios, ya "abrió la puerta" para flexibilizar las normas que por el momento apuntan a rechazarcualquier pedido de extradición formulado por otro país que quiera juzgar a militares argentinos acusados por los delitos cometidos durante la dictadura, como puede ser el caso de jueces de España, Francia, Italia o Alemania.
Incluso, desde ese mismo sector, comenzaron a buscar los caminos legales para derogar el decreto que, desde la última parte de la Presidencia de Fernando de la Rúa, obliga a la Cancillería a rechazar "in limine" cualquier pedido de extradición, aunque admiten que una decisión en tal sentido no sería adoptada en forma inmediata.
"La posibilidad está latente, pero ya es una decisión que le compete al Presidente", afirmaron a NA altas fuentes de la Cancillería al referirse a ese último punto. Y enseguida, haciendo valer aquello que se ha dado en llamar "el estilo K", agregaron: "Es lógico que el Presidente consulte al canciller, al ministro de Justicia y al ministro de Defensa, pero la definición va a estar en sus manos".
El propio Rafael Bielsa, en varios contactos mantenidos con la prensa en la última semana, dio muestras inequívocas de cuál es su posición frente al tema: "Habría que ver si es constitucional un decreto del Poder Ejecutivo que quita de la esfera de la Justicia una decisión que le es asignada legalmente -señaló-.
Si la ciudadanía desea que se avance en los procesos de justicia universal, habrá que derogar el decreto para que los jueces se expidan libremente en cada caso".
Y después de reclamar prudencia y de pedir que se avance "paso a paso", recordando la muletilla que popularizó hace dos años el técnico Reinaldo Merlo, Bielsa apuntó también que ese decreto "vulnera el contenido de una norma de rango superior como lo es la Ley de Extradición".
¿En qué consiste ese famoso decreto que lleva el número 1581/01 y cuya validez o derogación puede traer más de un dolor de cabeza?
Lisa y llanamente le ordena al Ministerio de Relaciones Exteriores que rechace cualquier pedido de extradición de la Justicia de otro país cuando se trate de personas que ya han sido juzgadas en la Argentina -como el caso de los militares beneficiados con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida- o cuyas causas ya se encuentren cerradas.
Frente a esa posición, la Ley de Extradición abre el juego hacia el Poder Judicial y le da participación en la resolución sobre si se concede o no el envío de una persona a otro país para que sea juzgada allí, y luego de esa instancia, deja finalmente en manos del Ejecutivo la aceptación o el rechazo de tal determinación.
La polémica se instaló nuevamente en los últimos días por el caso del ex marino Ricardo Cavallo, acusado de violaciones a los derechos humanos durante su paso por la ESMA y detenido en México desde agosto del año 2000, por un pedido del juez español Baltasar Garzón.
La Corte mexicana resolvió aceptar el pedido para que sea extraditado a España y juzgado en ese país por los delitos cometidos en territorio argentino, y el cumplimiento de la resolución se espera para los próximos días.
En este caso, cuando fue consultado desde México, Bielsa no puso ningún reparo a la extradición. "Argentina no tiene nada que decir en este caso -argumentó el ministro- porque Cavallo fue detenido en un tercer país, la extradición le fue concedida por un tratado entre España y México y el tema fue resuelto por el Poder Judicial de un tercer país (en este caso México)".
Quienes se oponen a medidas de este tipo, desde lo político y desde lo jurídico, sostienen que los delitos por los cuales son requeridos estos militares o ex militares -el caso de Ricardo Cavallo no es el único- ya han sido considerados por la Justicia argentina de acuerdo con las leyes vigentes en ese momento, y aceptar o permitir las extradiciones implicaría una "sumisión jurídica" a tribunales extranjeros.
A ello se suman las advertencias de algunos sectores que plantean un hipotético conflicto con las Fuerzas Armadas en caso de que las modificaciones al actual "status jurídico" que rige esta materia pueda implicar, por ejemplo, que militares retirados o incluso en actividad tuvieran que presentarse ante Tribunales de diferentes países.
En la opinión de quienes conocen el pensamiento castrense, el Gobierno no enfrenta un panorama complicado "en lo inmediato", pero podría tener dificultades en el futuro en caso de que se comenzara a dar curso a esos pedidos de extradición o incluso se reactivaran las causas contra militares fronteras adentro, ante la eventual declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, un tema que tiene en estudio la cuestionada Corte Suprema de Justicia.
La preocupación quedó evidenciada por un encuentro que mantuvieron en los últimos días el canciller Bielsa y el ministro de Defensa, José Pampuro, con los jefes del Estado Mayor Conjunto, Jorge Chevalier, y de las tres Fuerzas Armadas, Roberto Bendini (Ejército), Jorge Godoy (Armada) y Carlos Rohde (Fuerza Aérea).
Tras la reunión, la única certeza que quedó es que la definición del tema está en manos del presidente Néstor Kirchner. Y que el final, por ahora, está abierto.
