Buenos Aires, (NA)- La Cámara de Diputados convirtió ayer en ley el proyecto que faculta al Poder Ejecutivo a disponer la intervención del PAMI por un plazo máximo de 180 días, que el Gobierno solicitó para reformular la conducción en la obra social de los jubilados.
La ley, aprobada con el voto de justicialistas y radicales, modifica la normativa de creación de la obra social de jubilados y pensionados al disponer, en el artículo 15, que el Poder Ejecutivo pueda intervenir la conducción mediante una razón fundada por un plazo no mayor a 180 días.
Anteriormente era el Congreso el único órgano estatal que podía decretar la intervención al PAMI, previo informe de la Auditoría General de la Nación que avalara tal medida.
Pero, con el nombramiento de Juan Horacio González Gaviola como nuevo titular del PAMI, el Gobierno buscó iniciar un fuerte proceso de revisión de los mecanismos de funcionamiento y contratación en la obra social.
En ese trámite, acusó a los dos representantes de la CGT en el directorio del PAMI, Domingo Petrecca y Reynaldo Hermoso, de «trabar» los cambios y solicitó al Congreso la posibilidad de emergencia de intervenir la obra social.
Durante la sesión, la discusión entre los diputados circuló en torno a la conveniencia de extender al Ejecutivo una facultad que hasta ayer era exclusiva del Congreso. En tal sentido, el jefe de la bancada justicialista, José María Díaz Bancalari, negó que exista una «delegación de facultades» como sostuvieron el ARI y el socialismo ni tampoco «una política de apriete». «No es la intención del Ejecutivo intervenir, es cierto, pero tampoco apretar, aquí no hay delegación sino la idea de establecer un mecanismo para poder mejorar la dignidad y la salud de los afiliados al PAMI», dijo Díaz Bancalari.
El socialista Jorge Rivas sostuvo la posición contraria al afirmar que en el Gobierno «no están dispuestos a intervenir el PAMI sino a negociar una salida para el PAMI», y consideró que «la experiencia con la delegación de facultades al Ejecutivo tendría que servir de escarmiento para no repetir la experiencia». «Si hay voluntad real de avanzar sobre la corrupción lo que debemos hacer es proceder a resolver la intervención del PAMI, una facultad que tiene este Congreso», propuso Rivas.
Los diputados que solicitaron abstenerse en la votación, expresaron sin embargo su acuerdo sobre la necesidad de intervenir la obra social, pero a través del mecanismo que estipula la ley original y sin la intervención presidencial.
Si bien la votación fue a mano alzada por la claridad de las posiciones políticas de cada bloque, expresaron su voto contrario los diputados Luis Zamora y José Rosselli, y la diputada de «Recrear», Fernanda Ferrero.
La presidente de la comisión de Previsión Social, María América González, también se opuso a la iniciativa del Ejecutivo al sostener que apoyaría «la intervención por derecho pero no como producto de una interna». «Este no es el camino —insistió la experta en temas previsionales— porque necesitan modificar este artículo como mecanismo de presión y no para mejorar las prestaciones a los jubilados y pensionados».
