El día viernes los concejales de la Unión Cívica Radical, Dr. Alberto Deppeler y Mariel Macía, dieron a conocer a los medios la resolución dictada por la Justicia Federal en relación a la acción de amparo interpuesta en abril del año pasado por vecinos del Barrio San Cayetano, por la cual se solicitaba la apertura del paso a nivel sobre las vías del ex Ferrocarril Mitre a la altura de la calle Bidegain.
También se encontraba presente el Dr. Juan Alberto Deppeler, letrado patrocinante del numeroso grupo de vecinos que, encabezado por integrantes de la Sociedad de Fomento del barrio, recurrieron al accionar de la justicia luego de haber buscado infructuosamente una solución a este justo reclamo, habiendo llegado a cortar las vías del ferrocarril y la ruta como forma de protesta por la falta de respuesta de las autoridades.
En la resolución dada a conocer se hace una reseña de la marcha del expediente judicial: a partir de la presentación de los vecinos, se requiere al Estado Nacional y a Trenes de Buenos Aires produzcan el informe solicitado por ley, cumpliendo éstos la requisitoria. Al requerirse informe a la Municipalidad de Campana, ésta responde informando sobre el convenio suscripto con los vecinos por el cual se debían realizar las obras en un plazo de 180 días corridos a partir de la aprobación de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT). Lo llamativo es que, por su parte, la CNRT manifiesta que no tiene conocimiento del convenio, y que tal convenio es innecesario para otorgar la autorización del paso a nivel. También se hace referencia al "notorio desinterés por parte de TBA de que se concrete la obra".
Habiendo transcurrido tiempo más que suficiente desde la firma del convenio sin que se concluyan las obras, la justicia se expide, "declarando el derecho de los vecinos a la apertura del paso a nivel sobre el cruce de las vías del ferrocarril a la altura de la calle BIdegain", y fijando plazos perentorios a la CNRT y a TBA (Trenes de Buenos Aires SA) para que cumplan con las obligaciones asumidas, fijando importante multa por cada día de retardo.
Los concejales, que acompañaron a los vecinos durante todo el proceso (que llevó más de un año, la acción de amparo se presentó en abril del año pasado), manifestaron su satisfacción por esta resolución que declara el derecho de los vecinos y fija plazos para que las partes involucradas cumplan y den respuesta al reclamo, porque el tiempo pasa, las promesas se repiten y se renuevan, pero la obra todavía no está concluída y, mientras tanto, los vecinos siguen expuestos a los mismos riesgos y enfrentando las mismas dificultades.
