La Plata (NA, por Marisa Alvarez) -- Como si estuviera escrito que debe ser así, llegó el tiempo de los "paquetazos" en la Provincia. Llegó la última quincena del año; período en el que la Legislatura sanciona decenas de leyes -muchas de ellas capitales para los gobernados, para los bonaerenses- arribadas desde el Poder Ejecutivo apenas horas antes; otras retenidas innecesariamente durante meses en las Cámaras; y algunas impulsadas por los propios legisladores.
Todo sale "con fritas" en esas jornadas; en sesiones trasnochadas que suelen empezar a medianoche y terminan cuando amanece. Las leyes se despachan por esas horas en "paquetes", sin haber sido debidamente analizadas ni discutidas en las comisiones de trabajo de la Legislatura; sin consultas previas a sectores con intereses legítimos en las cuestiones en juego, ni con "los que saben". Algunas sí fueron largamente "vistas" y, "escondidas" en algún cajón durante meses por "problemas" de diversa índole, salen al fin, para pasar desapercibidas, en esas jornadas.
HISTORIA VIEJA, HISTORIA NUEVA
El Ejecutivo, que manda los proyectos más importantes sobre la hora, presiona para que todo sea aprobado, sin cambios, antes de los brindis del 31 de diciembre. El oficialismo, en particular en Diputados donde araña la mayoría propia, cumple con ese pedido a rajatabla, aportando su cuota con leyes que, habiendo podido estudiarlas y definirlas en tiempo y forma, las dejó estar.
La oposición se queja pero -con las excepciones del caso- contribuye a formar el quórum y a aprobar algunas normas, a medio camino entre los acuerdos para que -"a cambio"- se sancionen proyectos que impulsan esos partidos, y "la culpa", nacida de la errónea concepción instalada de que si al Ejecutivo no se le aprueba todo lo que pide, de inmediato y tal como lo plantea, "no se lo deja gobernar".
Nada de todo esto es nuevo. Simplemente pasa una vez más. Ocurre desde hace años. Pero la reiteración no alivia; agrava una disfunción de los distintos Poderes que amenaza en convertirse en definitiva, desvirtuando los roles y responsabilidades de cada uno en el sistema republicano.
LOS "CAPRICHOS" DE LA CONSTITUCION
Como se dijo, el tiempo de los "paquetazos" de leyes llega con un rigor típico de lo que está escrito que debe ser así. Pero lo que está escrito dice todo lo contrario. Por lo menos en el caso de "la ley de leyes", el Presupuesto de gastos y recursos que la administración provincial manejará cada año. La Constitución provincial dispone que el Poder Ejecutivo debe remitir a la Legislatura "antes del 31 de agosto" esos proyectos del ejercicio siguiente. Artículo 144, inciso 16.
Dispone también que es atribución del Poder Legislativo "establecer impuestos" y "fijar anualmente el cálculo de recursos y el presupuesto de gastos" y que, "con relación a nuevos gastos dentro de la ley de presupuesto, la iniciativa corresponderá al Poder Ejecutivo pero la Legislatura podrá disminuir o suprimir los que le fuesen propuestos". Artículo 103, incisos 1 y 2.
Y la Constitución no fue escrita bajo ataques de caprichos de sus hacedores (aunque si así hubiera sido, debe ser respetada; o cambiada si es necesario, pero siempre respetada). Sus disposiciones tienen que ver con los debidos contralores de unos Poderes sobre otros y con los tiempos necesarios para el ejercicio de las funciones de cada uno.
10 DIAS, 500 NOCHES
El gobierno bonaerense presentó en la Legislatura el Presupuesto provincial del 2007 el jueves último a la noche, 14 de diciembre. Contiene un déficit sensible (1.600 millones), descontando un nuevo endeudamiento que se estima en los 4.200 millones; y los "superpoderes" de siempre (para cambiar el destino original de los recursos).
El 31 de agosto del que habla la Constitución pasó hace un siglo. Pero el proyecto finalmente enviado no tiene definida la mejora salarial que se aplicará el año que viene, y se elaboró sin saber cuál será el préstamo que aportará la Nación, dos factores que en su momento se adujeron para demorar la presentación en tiempo y forma.
El Ejecutivo envió también esa noche la Ley Impositiva (los cambios en el esquema tradicional de ingresos tributarios) y sendos proyectos de ley que crean alícuotas adicionales de Inmobiliario y Patentes y un nuevo impuesto (a los activos financieros), para los contribuyentes con patrimonios superiores a los 500 mil pesos.
Son iniciativas de compleja ingeniería; de discutible constitucionalidad en el caso del gravamen a los depósitos bancarios; con algunos aspectos "ambiguos", que pueden abrir discusiones interminables sobre los valores "reales" de los bienes sobre los que se calculen los patrimonios de los contribuyentes y, por lo tanto, los montos de los nuevos impuestos. Dejando de lado la medida en sí misma -aumentar la presión tributaria sobre los "patrimonios altos", inscripta en una notoria necesidad de las arcas provinciales de elevar sus ingresos para atender el gasto básico-, si algo está claro es que son proyectos que requieren un cuidadoso análisis y quizás correcciones, añadidos y -sobre todo- precisiones, aunque más no sea para evitar que las leyes terminen siendo confusas, sujetas a "interpretaciones" y a discusiones pasibles de ser dirimidas en la justicia.
Pero el almanaque dice que desde que ingresaron esos proyectos a la Legislatura quedaban 10 días hábiles para el final del año. Ya quedan nueve.
Y el Ejecutivo pide que ese "paquete" quede sancionado antes del 31 (hay tiempo hasta el 29, en rigor), mientras el oficialismo se prepara para cumplir, en sesiones maratónicas, con ese pedido. Nueve días que, como los de Joaquín Sabina, deberán rendir como 500 noches.
Es que, por caso, extender las sesiones a comienzos de enero, si el estudio de los proyectos lo requiere en nombre de la seriedad de los asuntos y de la responsabilidad que la Constitución les confiere a los legisladores, es una posibilidad que, directamente, no parece existir.
UNA LARGA LISTA
Por lo demás, los del "paquete de la plata" no son los únicos proyectos que la Legislatura se dispone a resolver entre los brindis de feliz Navidad y próspero año nuevo. Está en la lista, por ejemplo, la reforma penal -una iniciativa necesaria, pero también altamente sensible y compleja-, enviada por el Ejecutivo a Diputados apenas una semana antes que el Presupuesto.
Y, entre unos cuantos proyectos más, está la prórroga del estado de emergencia de la Policía que Diputados tiene en sus manos desde agosto pasado. Algunos trascendidos indicaron en su momento que esa Cámara demoraba el tratamiento porque la mayoría de sus miembros, incluido el oficialismo, consideraría que, siendo una medida que rige desde hace más de dos años, hubo "tiempo suficiente para adoptar las decisiones que una emergencia requiere, y salir de ella".
Parece un criterio atendible. Merecedor de una discusión, al menos. Ese "estado" permite tomar medidas (desde bajas de efectivos hasta compras de equipamiento) salteando normas administrativas básicas, y por lo tanto debe estar acotado en el tiempo a lo estrictamente necesario, mientras la "emergencia" sea realmente una "emergencia".
