Buenos Aires, (NA)- El juez federal Norberto Oyarbide declaró ayer delitos de lesa humanidad e imprescriptibles los crímenes cometidos por la Triple A, al pedir la extradición del ex integrante de esa organización Eduardo Almirón.
Fuentes judiciales confirmaron que el magistrado consideró que los homicidios cometidos por la organización que lideró José López Rega son de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles.
La figura fue establecida en el pedido de captura y extradición que el magistrado terminó de redactar ayer para enviar a la Justicia española, puesto que Almirón estaría radicado en ese país.
La decisión del juez se conoció luego de que organismos de derechos humanos presentaron hoy un pedido para que active la extradición del ex jefe operativo de la Triple A que durante el Gobierno de Isabel Martínez de Perón asesinó a centenares de personas. Hace unos días se conoció que periodistas del diario español El Mundo fotografiaron a una persona a la que identificaron como Almirón, un ex miembro de la Triple A que huyó del país junto con López Rega en 1975.
Oyarbide recordó a Interpol que desde 1984 existe un pedido de captura contra Almirón y ayer terminó de redactar el informe para que las autoridades españolas identifiquen y detengan al imputado a los fines de disponer su traslado a la Argentina.
Almirón, quien fue custodio de la ex presidenta y de López Rega está acusado de «asociación ilícita y homicidio doblemente calificado por el número de personas intervinientes y por alevosía al menos en 8 oportunidades», «privación ilegal de la libertad y desaparición forzada al menos en tres oportunidades».
En sus fundamentos del fallo, Oyarbide citó normas de derecho internacional y doctrina de la Corte Suprema de Justicia y sostuvo que los delitos investigados en esta causa «son imprescriptibles y es responsabilidad del Estado Argentino juzgarlos como integrante de la comunidad internacional». «La existencia de la Triple A y los distintos hechos cometidos por sus miembros, obedecieron a circunstancias políticas, enmarcadas en cuestiones ideológicas y montada desde el aparato del Estado, bajo cuyo amparo y garantía de impunidad actuó la asociación, en una práctica generalizada que de pos constituyó una grave violación a los derechos humanos.
