La Plata, Todos los funcionarios bonaerenses deberán responder con su patrimonio ante un acto irresponsable realizado durante su gestión, según lo establece una ley recientemente aprobada por la Legislatura.
La norma, autoría del diputado Gustavo Ferrari, establece que el Estado bonaerense tendrá la obligación de demandar a aquellos funcionarios que, por decisiones tomadas en el ejercicio de sus cargos, generen juicios en contra de la administración pública en los que resulte desfavorecida la Provincia.
Puntualmente, dispone que el Procurador de Estado inicie, obligatoriamente, acciones legales contra todos los funcionarios que "por acción u omisión en el desempeño de sus cargos- generen juicios que sean perdidos por la administración provincial.
Antes, la Provincia no estaba obligada a demandar judicialmente al funcionario que ocasionara una disminución en su erario por un juicio de terceros. Si bien el espíritu de la norma está contenida en la reforma constitucional de 1994, no se llevaba adelante por falta de reglamentación.
Al respecto, Ferrari aclaró que "no es necesario que el funcionario tenga una posición tal como para solventar posibles problemas. De otra forma sería discriminar a quien no cumplan con los requisitos".
