Buenos Aires (Especial de NA, por Mariano Spezzapria) -- La relación entre el Gobierno nacional y las provincias se encuentra atravesada actualmente por fuertes intereses económicos y políticos, que no pueden analizarse por separado y que tienen el horizonte clavado en las elecciones que se realizarán en 2007.
No es un dato soslayable, en este contexto, que al menos 20 de los 24 distritos electorales nacionales hayan manifestado a través de sus líderes políticos su adhesión al proyecto que a nivel nacional encarna el presidente Néstor Kirchner.
Tampoco se puede obviar que por estos días la Nación se queda con el 80 por ciento del reparto federal de la recaudación y que las provincias deben repartirse sólo el 20 por ciento restante.
Esta situación lleva a muchos distritos a un ahogo financiero que va "in crescendo" y que se agrava a raíz de la presión de los gremios estatales por obtener incrementos salariales.
En el plano político, la restauración de la autoridad presidencial que consiguió Kirchner opacó la influencia de los gobernadores, que habían tenido un protagonismo notable antes de la asunción del actual jefe de Estado.
Se hablaba entonces de la existencia de una "liga de gobernadores" que durante los mandatos de Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde llegó a tener un predicamento incluso superior al de la Casa Rosada.
Pero lo cierto es que ni siquiera en aquella oportunidad los mandatarios provinciales se pusieron de acuerdo para avanzar en la sanción de una ley de coparticipación federal de impuestos más acorde a la realidad.
Ahora, que el peso relativo Nación-provincias es diametralmente opuesto, la Casa Rosada impone su criterio y alinea a los gobernadores detrás del proyecto kirchnerista, que buscará una continuidad en 2007.
Así las cosas, el Presidente cuenta con el apoyo de la mayoría de los gobernadores de origen justicialista -salvo el salteño Juan Carlos Romero y el puntano Alberto Rodríguez Saá- y sumó también a cinco de los seis actuales mandatarios radicales.
Justamente, el salteño Romero fue el que primero alertó sobre la posibilidad de que el armado de la concertación oficialista no incluya a dirigentes justicialistas de peso territorial, que incluso podrían emigrar hacia un proyecto opositor.
Romero no los mencionó, pero en esa lista también están el misionero Ramón Puerta, el pampeano Rubén Marín y el propio Rodríguez Saá (Adolfo, no Alberto), todos dirigentes que conservan mucha influencia en sus distritos de origen.
A estos dirigentes se les presenta un cuello de botella ante la desatención del presidente Kirchner hacia la estructura formal del PJ, que continúa intervenido por la Justicia electoral y no aparecen señales de que la situación vaya a cambiar.
De hecho, Kirchner viene de privilegiar el armado del Frente para la Victoria en las elecciones legislativas de 2005 y en algunos casos puntuales, como el de la provincia de Buenos Aires, incluso enfrentó al PJ tradicional.
Por eso para el año que viene, que estará dominado por la competencia electoral, se perfilan algunas situaciones complejas en la relación de Kirchner con referentes del PJ, como lo prueba el reciente cortocircuito con el cordobés José Manuel de la Sota.
Ya se empezó a especular, en este marco, con la posibilidad de que De la Sota pueda reunirse con Roberto Lavagna, aunque tampoco habría que descartar que muchos peronistas no alineados con Kirchner terminen potenciando la figura de Mauricio Macri.
"El año que viene va a haber muchas viudas de la concertación", vaticinó un dirigente oficialista, que no descartó un corrimiento de un sector del PJ hacia las filas de la oposición.
