Buenos Aires (especial para NA por Pepe Eliaschev) -- Luis D’Elía forma parte del Gobierno, pero no forma parte del Gobierno. Dicho de otro modo: como secretario de Estado al frente de la cartera bautizada "Tierras para el Hábitat Social", ocupa un cargo que lo convierte en funcionario público de rango superior. Reporta directamente a Julio De Vido y a Néstor Kirchner.
Lleva a cabo un operativo esencialmente mediático con epicentro en Chaco y Corrientes. En la primera de esas provincias entrega dinero a grupos indigenistas enfrentados con el gobierno radical de Roy Nikisch.
En Corrientes desembarca en tierras propiedad del grupo Tompkins y se hace fotografiar cortando candados con tijeras especiales, instando a "desalambrar". De inmediato, 40 diputados kirchneristas patrocinan a D’Elía en el Congreso, y con el auspicio espiritual de Hebe de Bonafini, presentan un proyecto de ley para expropiar centenares de miles de kilómetros cuadrados.
Sin embargo, desde la Casa Rosada, Alberto Fernández advierte que la posición del Presidente no coincide con la de D’Elía. Kirchner pareciera desautorizar a D’Elía: dice que no piensa como él.
Pero no lo releva del cargo, ni lo cruza en público. Sencillamente, aclara que en ese tema, lo que el secretario de Tierras postula no es lo que piensa el Gobierno. ¿Se va D’Elía del gobierno, entonces? De ninguna manera. Se queda. Está en los planes del Presidente que D’Elía permanezca "adentro": si se queda en la calle, puede tomar comisarías o cortar rutas.
¿Gobierno parlamentario y horizontal donde cada uno piensa con su propia cabeza y Kirchner "sintetiza" las diferentes posiciones? En absoluto: desde que asumió en mayo de 2003, el Presidente no celebró un solo acuerdo de gabinete, por lo cual es evidente que quien ordena y manda, en todo, se llama Néstor Kirchner.
Pero al final del día, cuando estos dislates desafortunadamente convertidos en algo habitual, salen a la luz, no queda más alternativa que ver en ellos lo que son, forma de gobernar, estilo de ejercicio del poder, consistente en desplegar un dispositivo extenso y variado que permita ofrecer diferentes rostros a los problemas, pluralidad aparente que proyecta la ilusión de "humanas divergencias".
¿Es, acaso, D’Elía un subversivo con planes confiscatorios que atentan contra el corazón del sistema? Para nada. Por ahora, el ubicuo y verborrágico funcionario opera como la representación de una fuerza-comodín, grupo de choque en sí mismo que depara servicios interesantes para el Gobierno.
Vocifera, amenaza, intimida, organiza movidas ruidosas, pero es mantenido como lo que en las burocracias clásicas se llama "fuera de nivel": D’Elía opera con esparcida impunidad porque el Gobierno puede desautorizarlo sin conseguir liquidarlo.
Así, Kirchner coexiste con D’Elía, cuyo activismo es de enorme utilidad al oficialismo. Pero ésta no es una originalidad del Presidente, ni un invento en la dilatada historia del justicialismo.
Aunque resulte ridículo comparar a D’Elía con la práctica de los Montoneros de 1970 a 1973, cuando operaron intensamente en contra del gobierno militar de entonces, ciertos elementos comunes deben ser resaltados.
Juan Perón no inventó ni tampoco financió a los Montoneros. Pero los usó, los dejó hacer y jamás condenó el asesinato de Aramburu. Cuando la organización se convirtió en una realidad tangible y poderosa, Perón, con su proverbial pragmatismo ("la única verdad es la realidad" aseguraba), los avaló y bautizó como "formaciones especiales", parte de lo que él denominaba su "juventud maravillosa".
Cuando esa juventud maravillosa le gritó al Perón de 1974 que estaba "lleno de gorilas el gobierno popular", las formaciones especiales fueron perseguidas a sangre y fuego por otra de las brigadas irregulares de la época, la siniestra Triple A, cuyo cuartel general funcionaba, ciertamente, a escasos metros de la Casa Rosada. La dirigía el mucamo de Perón, José López Rega.
Se trata de una nueva demostración de esa descomunal labilidad que le permite a los gobernantes de matriz peronista valerse de los hechos más variados de la realidad para encausarlos e instrumentarlos, prescindiendo de ideologías y catecismos doctrinarios.
Sistema económico y funcional, autoriza al poder político a desplegar territorialmente variada mercadería, batallones diferenciados que pueden perfectamente descalificarse entre ellos y reconocen el mismo liderazgo, pero parten de, y arriban a metas contrapuestas.
No existe, metodológicamente, diferencia con el criterio utilizado para tender las redes y deglutir exponentes codiciables de otras tiendas políticas, aunque hay que decir que la diferencia entre D’Elía y las estrellas del radical-kirchnerismo es que el primero no juega juegos cuando desciende a calles o campos, al punto que el Gobierno lo trata con particular y ostensible delicadeza.
Ya sea apaciguamiento nacido del temor, o una mera y fría maquinación para valerse de fuerzas ajenas que resulten útiles, es un dispositivo audaz aunque peligrosamente explosivo: que D’Elía siga en el cargo después de haber conseguido el respaldo explícito de diputados híper kirchneristas, como Alberto Balestrini, Remo Carlotto, Francisco Gutiérrez, Miguel Bonasso, Edgardo Depetri, Dante Dovena y Patricia Vaca Narvaja, y haber sido ambiguamente rectificado por el vocero presidencial, no es pequeño episodio.
¿Puede írsele de las manos este personaje al Gobierno? En la Casa Rosada aseguran estar convencidos de que todo está bajo control, pero como dato accesorio e ilustrativo alarma lo que pasó con la comunidad judía argentina esta semana y estalló el viernes por la mañana, cuando el ministro del Interior se vio obligado a recibir a los presidentes de la DAIA y la AMIA.
Los representantes de esa comunidad acusaron al grupo Quebracho de incurrir en una asociación ilícita por haber impedido una manifestación de judíos argentinos frente a la embajada de Irán.
Tras el encuentro con Aníbal Fernández, anunciaron una denuncia penal contra Quebracho por haber impedido a miembros de la juventud judía realizar una manifestación frente a la embajada de Irán, en repudio al apoyo de Teherán a Hizbollah en el Líbano.
"No vamos a permitir que se intente amedrentar a miembros de la comunidad judía en Argentina", dijo el titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Jorge Kirszenbaum. Para la DAIA, Quebracho cometió una asociación ilícita y entendió que la presentación judicial "será un aporte a la sociedad argentina para consolidar la libertad de expresión, la democracia y libre circulación por las calles de la ciudad".
El presidente de AMIA, Luis Grynwald, informó que el ministro "entendió con responsabilidad el planteo y garantizó la libre expresión de la comunidad judía, siempre que sea en forma pacífica". La manifestación bloqueada por Quebracho era pacífica.
El episodio se produjo el miércoles 23, cuando activistas de Quebracho, encapuchados, blandiendo garrotes y enarbolando símbolos islamistas, impidieron una marcha que un grupo de judíos independientes estaba por realizar ante la embajada de Irán, país considerado como el verdadero padrino del grupo terrorista Hezbollah y responsable de los atentados terroristas de 1992 y 1994 en Buenos Aires.
El opaco y belicoso Quebracho asegura que no quiere agraviar al judaísmo "sino todo lo contrario". Dice tener una "positiva valoración de los judíos consecuentes", que son, en opinión de ellos, solo "los que se oponen a la usurpación y el guerrerismo imperialista del Estado de Israel".
Encuadrados en los lineamientos centrales del gobierno de Irán y en sintonía con la retórica del venezolano Hugo Chávez, dicen combatir "la pretensión de utilización del judaísmo por parte de los mercenarios sionistas que, al servicio de los Estados Unidos y de las grandes corporaciones capitalistas, realizan una despreciable manipulación del Holocausto (…) para justificar", lo que definen como "el actual Holocausto contra los palestinos, libaneses, y demás pueblos que poseen riquezas naturales pasibles de ser saqueadas por el Imperio".
Califica al sionismo de "monstruo" y acusa a las entidades judías argentinas de "auto justificar la guerra en Medio Oriente y la matanza de miles".
Quebracho cortó una avenida de Buenos Aires ante la pasividad concesiva de la policía e impidió una manifestación de ciudadanos argentinos. Eso fue lo que DAIA y AMIA fueron a plantearle a Fernández.
La irresistible tentación de suponer que el poder central puede siempre controlar el desafuero de mercuriales grupos militantes podría revelarse como una opción pobre para el Gobierno. Hay incendios que ni los mejores bomberos pueden apagar.
