Buenos Aires, (NA)- La Argentina pedirá un perdón o «waiver» al Fondo Monetario Internacional por la prórroga por 90 días en las ejecuciones hipotecarias, que no será vetada por el Poder Ejecutivo, anunció ayer el ministro Roberto Lavagna.
En rueda de prensa, el titular de Hacienda admitió que por ese motivo el organismo «postergó» la decisión de aprobar las metas fiscales del primer trimestre. «A ellos les preocupa este punto y tendrán que tomar la decisión si otorgar el perdón o no», agregó el ministro de Economía.
Opinó que «nosotros queremos que entiendan que la magnitud del problema es muy reducido» y precisó que «solo el uno por ciento del total de los créditos son los que estan en mora, es decir, entre 11 y 16 mil casos».
Admitió que, por este motivo, pidió «un informe más exacto a los banco sobre la cantidad de deudores». «Para un país que ha hecho los progresos que ha hecho, reconocidos por el mismo Fondo y que ha sobrecumplido largamente las metas monetarias y fiscales, este tema de las ejecuciones es infinitamente menor», agregó.
Destacó que «la liberación del sistema financiero y el rescate de las cuasimonedas son medidas estructurales mucho más importante que la prórroga dispuesta por el Congreso en las ejecuciones hipotecarias».
Recordó también que el Gobierno le dio al Senado «una opinión totalmente contraria» a la prórroga, aunque no dijo nada la falta de veto del Poder Ejecutivo.
El ministro señaló, por otra parte, también que se creará una comisión entre funcionarios del ministerio de Economía y el Banco Central que analizará la evolución del sistema financiero y como se cumplirá la operación del pago de redescuentos de los bancos al Central a través de títulos públicos.
Por último, Lavagna reveló que se están terminando los lineamientos de la reforma tributaria y de nueva ley de coparticipación que ya transmitió al nuevo presidente Néstor Kirchner.
Anticipó que esos proyectos también serán puestos en conocimientos de los organismos internacionales de crédito.
Con respecto a los bancos Bisel, Suquia y Bersa dependerá de un informe que está preparando la Auditoria General de la Nación y cuando esté concluido «las tres entidades serán puestas a la venta».
