Buenos Aires (Especial para NA por Pepe Eliaschev) -- La Argentina tiene problemas cada vez más espinosos con sus dos principales vecinos.
Realidad evidente: por deseo o por fatalidad, todo demuestra que Néstor Kirchner confronta a niveles inéditos, al menos en democracia, con Chile y Uruguay, panorama de conflictividad que aparentemente no inquieta a la Casa Rosada.
Mientras el caudillo de Venezuela, Hugo Chávez, recorre países gobernados por regímenes autoritarios pertrechando a su país de armas de última generación y el presidente argentino boicotea la inauguración del nuevo gobierno peruano de Alan García, en el Cono Sur soplan vientos gélidos.
Por el gas natural con Chile y por las fábricas productoras de pasta de celulosa con Uruguay, la Argentina se muestra hoy, una vez más, enojada e hiriente con sus vecinos.
El embajador chileno en la Argentina, Luis Maira, le presentó a la Casa Rosada las quejas de su gobierno por el precio del gas, a través de una carta de la presidente Michelle Bachelet
denunciando el aumento en el valor del combustible importado de la Argentina.
Bachelet expresa "de manera franca y clara" que "en Chile hay decepción frente a lo sucedido". A diferencia de Kirchner, Bachelet sí viajó a Lima a la asunción del mando de Alan García.
Para la presidente chilena, el aumento del impuesto a las exportaciones argentinas de gas natural del 20 al 45 por ciento "no se condice con la relación estratégica que ha existido ya por varios gobiernos de Argentina y Chile".
El decreto argentino no se ajustó a la promesa anunciada por el ministro Julio De Vido el viernes, luego de la reunión Bachelet-Kirchner en Córdoba, en la cual se aclaró que el precio del millón de BTU (unidad en que se mide el gas) puesto en frontera "no superaría los 4 dólares".
"Chile tiene la mejor disposición a continuar trabajando por tareas comunes, pero que va a ser necesario hacer mucho trabajo - y de otra manera- para poder recomponer las relaciones de confianza y de asociación estratégica para que esto sea una realidad entre ambos países", le dijo la chilena al argentino.
Se repite así el evangelio oficial aplicado a la carne vacuna: "satisfacer el reclamo chileno implicaría un posible desabastecimiento local", cuando la expansión de la industria argentina exige amplia disponibilidad energética.
El mensaje a Chile equivale, pues, a un "lo sentimos mucho, pero vayan abriendo la billetera", una ideología desde la cual la previsibilidad y la certeza para con los socios extranjeros de la Argentina parecen materias menores y poco decisivas.
En simultáneo, es particularmente grave el rumbo de los acontecimientos con Uruguay. Ya politizado al extremo de que un hombre de Kirchner directamente lo acusó a Mauricio Macri de ser "pro uruguayo", el asunto cobra perfiles de insólita peligrosidad con el país con el que la Argentina tuvo los mejores vínculos de su historia.
El canciller Jorge Taiana fue a Gualeguaychú a rendir examen y les dijo a los no más de 300 vecinos que se le acercaron que la Argentina "no aceptará" que se construyan las fábricas proyectadas y rechazó la oferta uruguaya sobre "monitoreo conjunto".
Así, Kirchner franqueó una nueva frontera de belicosidad en el diferendo por las llamadas "papeleras".
Obviamente, Taiana deleitó a los asambleístas con una postura mucho más peleadora en este primer cara a cara con ellos.
El sucesor de Rafael Bielsa enfatizó que Argentina "no aceptará esas papeleras, que por su tamaño y nivel de producción van a provocar un daño irreparable", rechazó "un monitoreo ante hechos consumados" y condicionó el diálogo propuesto por Tabaré Vázquez porque "Uruguay no mostró auténtica disposición para discutir los puntos centrales".
Tamaña intransigencia solo puede contaminar más el diálogo uruguayo-argentino y sube el tenor de la retórica ambientalista de Kirchner.
Aunque el Gobierno ratifica la vía judicial en su enfrentamiento con Uruguay, lo considera "una causa nacional".
Pero cuando Taiana complació tan ostensiblemente a su militante auditorio, en Buenos Aires el Gobierno ya había anunciado su revulsiva nueva teoría, según la cual se justifican los cortes de rutas de los asambleístas.
Perfil deliberadamente ambiguo: mientras en un texto oficial la Casa Rosada reconoce la majestad de un peculiar derecho a la "libertad de expresión", por otra parte los funcionarios intentaron desalentar nuevas medidas de fuerza, que en el corto plazo lucen muy poco probables.
En otras palabras, el Gobierno apostó sobre seguro, discurso taquillero, aunque con certezas de que el activismo entrerriano no le provocará problemas en el corto plazo.
La militante asamblea con la que se careó Taiana exigía prohibir la exportación de madera a los países limítrofes y retirar al embajador argentino en Montevideo, paso previo a la ruptura de relaciones.
Hubo de explicarles pacientemente Taiana que "La Haya pidió específicamente evitar a las partes tomar medidas que tiendan a agravar la situación", pero, sabedor de las cosas que deleitan al Presidente, gatilló la ametralladora ideológica: "hay dirigentes como el diputado nacional de PRO Mauricio Macri que parecen defender los intereses de la República Oriental del Uruguay".
Así respondió a la pregunta del millón, que interroga sobre la diferencia entre el compacto frente interno armado por el presidente Tabaré Vázquez y la coherencia monocolor con la que Kirchner se siente satisfecho.
El razonamiento presidencial debe ser que los que discrepan con el Gobierno son virtuales enemigos de la patria.
Por eso, seguramente, ningún líder opositor fue invitado a dialogar de política con el Dr. Kirchner en estos 38 meses de gobierno, mientras que Vázquez recibe regularmente en la sede del gobierno uruguayo a sus adversarios de los partidos Nacional, Blanco y fuerzas menores, además del oficialista Frente Amplio.
La línea de la Casa Rosada aparece blanqueada en su descargo ante el Tribunal Arbitral de Controversias del Mercosur, trámite originado en lo que Montevideo entendió como una "omisión del Estado argentino en adoptar medidas apropiadas" para prevenir o levantar los cortes de los puentes que comunican a Entre Ríos con Uruguay.
Dice el gobierno de Kirchner que "no cabe invocar legítimamente una restricción a la libertad de expresión -derecho humano protegido- en desmedro de otro derecho -libertad de circulación- que está legalmente protegido, pero que no reviste esa calidad de derecho humano fundamental".
¿Dónde estamos ahora, entonces?
Si durante meses el activismo de Gualeguaychú llegó a manejar decisiones clave de política exterior del país, ahora el Gobierno establece el precedente oficial de que en la Argentina cortar una ruta es legal y legítimo.
¿Puede el Estado justificar una transgresión importante para convertirla en camino lícito?
Kirchner alega priorizar la libertad de expresión en desmedro de la libertad de circular.
Ambos derechos, ¿son perfectamente válidos, equiparables e intangibles?
¿Acaso cortar un puente binacional y clausurar una frontera internacional era el único camino abierto para los activistas?
Claro que no, pero elegir este camino y no otro es coherente con el clima instalado en la Argentina desde 2001, escenario en donde la prepotencia del apriete alcanza dimensiones frecuentemente extorsivas: "o me das lo que te pido o te arruino la vida".
Lo de Gualeguaychú ratifica que el gobierno argentino parece haber adoptado como norma que cuando hay un conflicto durante cuyo transcurso se violentan leyes y normas, no hay que sancionar a los transgresores, sino "contenerlos", verbo de moda.
Ahora, con el texto justificatorio, lo que era una realidad de hecho es pieza legal, pasando por alto la enormidad de una infracción grave al derecho internacional.
Todo parece ratificar que el Presidente no tiene ni remotas intenciones de conceder algo en el tema Gualeguaychú: ahora va por más, cueste lo que cueste.
La Cancillería quiso apaciguar ánimos moderados y a través del secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Alfredo Chiaradía, aclaró que lo que defendió en realidad el Gobierno no son los cortes de ruta sino "el contenido de los reclamos".
Mientras tanto, la Casa Rosada no perdió el tiempo: el viernes 28 se publicó en el Boletín Oficial la ley 26.122 que define cómo el Ejecutivo conseguirá legislar con sus decretos de necesidad y urgencia.
Ambas cámaras del Congreso no tienen plazo para pronunciarse sobre ellos. La ley dice que la Jefatura de Gabinete tiene diez días para remitir cada Decreto de Necesidad y Urgencia a la comisión bicameral y ésta, en cambio, diez días hábiles para que remita a cada recinto su dictamen a favor o en contra. De no hacerlo, el plenario de cada Cámara quedará habilitado a realizar el control, pero sin plazos.
O sea que los DNU serán, de hecho, leyes, porque es a todas luces imposible que puedan ser cancelados desde el Congreso.
Para la Casa Rosada toda marcha con fuerte viento de popa, aunque a veces caiga granizo que rompa más de lo previsible.
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