En la jornada de ayer, continuó el allanamiento que esta llevando a cabo Prefectura Naval en el galpón de la empresa exportadora de metales Compromet, ubicada en la zona de ingreso al barrio Las Campanas.
El allanamiento comenzó la semana pasada y según trascendió podría extenderse durante varios días más ya que por orden del Juez de la causa el doctor Federico Faggionatto Márquez, titular del Juzgado Federal de nuestra ciudad, los efectivos tienen que pesar varias toneladas de metales, que hay depositados allí. El objetivo de esto es evaluar si la cantidad de kilos condice con la declara ante la AFIP, así como establecer si el cobre que habría allí pertenecería a una empresa telefónica que realizó la denuncia que dio origen a la investigación.
Según fuentes de la investigación, en ese denuncia habría mencionadas unas seis empresas, pero hasta el momento solo se allanó esta. Días pasados había sido detenido un empleado de la empresa, y en las últimas horas otras dos personas fueron detenidas. Se trataría de dos funcionarios aduaneros de Capital Federal -Aduana por la que salieron los container en cuestión- encargados de controlar el contenido del embarque, que partió rumbo a Holanda. Pero una de las detenidas fue liberada luego de declarar ya que no habría sido quien estaba encargada del control de ese container.
El estricto secreto de sumario que mantiene el Juzgado Federal local hasta el momento no permite que se conozcan mayores datos sobre el allanamiento en cuestión, aunque algunas versiones en las últimas horas hablarían de que se habrían encontrado dos armas entre los metales que están siendo pesados. Este pesaje demorará semanas en caso de que la empresa no colabore con el mismo, algo que estaría dispuesta a hacer.
Fuentes allegadas a la empresa, confirmaron que, están esperando conocer los detalles de la investigación para determinar su proceder, que incluso podría llegar hasta un planteo jurisdiccional con respecto a la actuación del juez campanense, al considerar que el supuesto delito en todo caso se habría cometido -algo que ellos niegan- en Capital Federal y su no en su jurisdicción.
