El proyecto del gobierno de Felipe Solá que regula las convenciones colectivas de trabajo entre los empleados públicos y el Estado bonaerense -a excepción del sector docente y judicial, que tendrán sus propias paritarias-, fue convertido en ley ayer por la Cámara de Diputados, sin introducir modificaciones a la media sanción otorgada por el Senado.
La normativa establece que las negociaciones entre las partes en conflicto comprenderán las cuestiones laborales, tanto salariales como de prestación de servicios y condiciones específicas de empleo, y adoptará de la normativa nacional el apartado que establece la prestación de servicios mínimos ante el decreto de una medida de fuerza.
Los diputados determinaron que se establecerá la "esencialidad" para los servicios sanitarios y hospitalarios, producción, distribución de agua potable, energía eléctrica y gas -entre otros-, previendo que para medidas de fuerza que se extiendan en el tiempo, el Ejecutivo pueda incluir otras áreas del Estado.
A la hora del debate, el fundamento de la bancada oficialista estuvo a cargo del diputado Carlos Quintana, quien desde su condición de gremialista -es titular a nivel provincial de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN)-, explicó que el proyecto del Ejecutivo "es una instancia superadora" para tener un "Estado con más dinámica" y "mejorar" la situación "que los trabajadores vienen reclamando desde hace tiempo".
No obstante, el legislador kirchnerista Pablo Bruera abrió la controversia dentro de la bancada frentista, al pedir la palabra para sentar su posición. El platense explicó que la importancia de la iniciativa "merecía el respeto de conocer las opiniones" de los integrantes de las distintas comisiones que evalúan los proyectos, debido a que la misma no había pasado por esos cuerpos legislativos, razón por la cual manifestó que se abstenía a votar el proyecto.
Ante la falta de análisis, el propio presidente del bloque del FpV, Fernando Navarro, salió en defensa de la controvertida ley y afirmó que en su momento, todas las inquietudes las evacuó en la Legislatura el ministro de Trabajo bonaerense, Roberto Mouillerón "con visitas que hizo a este Parlamento para hablar del proyecto oficial".
Además, dijo que "durante mucho tiempo se ha participado en el diálogo con el Senado" y que lo más importante es que la normativa "tiene el apoyo de los trabajadores y ese es un paso adelante".
El radicalismo, que no votó el proyecto, también criticó la carencia de análisis de la mano del diputado Gustavo Ferrari, quien afirmó dijo que desde esa bancada observaron en la norma planteaba "algunas dudas sobre temas que tienen que ver con las inclusiones".
En ese sentido, explicó que los interrogantes pasan por "el personal con cargo temporario que deberían poder intervenir en la negociación o incluir al personal que esté en otra convención colectiva, cuando en realidad podría obtener en una nueva negociación mejores condiciones de trabajo".
Al igual que los planteos realizados en su momento por senadores de la UCR, el legislador entendió "la importancia del sentido de la ley", pero reconoció que desde ese bloque pretendían "que el proyecto pase a comisión para despejar las dudas, porque podría estar violándose la Constitución".
