Buenos Aires (Especial para NA por Mariano Spezzapria) -– Lejos de generar una discusión sobre los avances y las cuentas pendientes del sistema democrático argentino, la inminencia del 30 aniversario del último golpe de Estado parece haber desatado una carrera para aprovechar políticamente la memoria de aquella tragedia nacional.
Dos casos ilustran con claridad esta situación: los movimientos subterráneos del oficialismo para anular los decretos de indulto firmados por Carlos Menem en 1989 y 1990; y la trama no menos compleja de las tareas de espionaje detectadas en una base de la Armada en Trelew.
Los indultos fueron otorgados por Menem –tanto a altos jefes militares como a líderes montoneros- invocando objetivos de reconciliación y "pacificación nacional". A quince años vista, queda claro que esa meta no se alcanzó, en buena medida por la dimensión de los delitos cometidos desde el Estado en el período 1976-83.
Por eso los indultos siguen siendo materia de discusión y polémica, sobre todo luego de que se anularan las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Es que esos instrumentos son en la actualidad el último escollo legal para que quienes resultaron beneficiados por ellos puedan ser llevados al banquillo de los acusados ante la Justicia.
Aunque existe consenso en buena parte de la dirigencia política sobre la necesidad de anular los indultos, la pelea solapada pasa ahora por quién se queda con el rédito de haberlo hecho. El Gobierno de Néstor Kirchner, claro está, no quiere quedar rezagado cuando ha hecho de los derechos humanos una bandera de su gestión.
Pero la oposición –obviamente la que va del centro a la izquierda, incluidos sectores del radicalismo, el ARI y el socialismo- se anticipó al Gobierno en la Cámara de Diputados y presentó un proyecto para anular los indultos, en base a una iniciativa que ya había fracasado en el pasado.
Si hay algo que molesta al oficialismo es que "lo corran por izquierda". El Frente para la Victoria comenzó entonces a elaborar en sus bloques de diputados y senadores un proyecto propio, que podría imponer fácilmente dada su mayoría en ambas cámaras del Congreso. Pero ahora les falta el visto bueno presidencial.
Otro caso problemático es el del espionaje detectado en la base Almirante Zar de la Armada en Trelew. Se trata de un caso preocupante, porque revela una actividad de inteligencia a todas luces ilegal en pleno período democrático.
Pero también es cierto que esta trama apareció en escena tan sólo una semana antes del 30 aniversario del último golpe de Estado.
El caso encierra muchos enigmas. El principal de ellos pregunta hasta dónde llegaba la cadena de responsabilidades en la Armada por los seguimientos de inteligencia realizados en Trelew.
El gobernador de Chubut, Mario Das Neves, dijo que todo el material era remitido a la base de Puerto Belgrano. Se trata de la base naval más importante del país. ¿Es posible que los principales oficiales de la Armada no supieran nada de estas actividades de inteligencia?
El jefe de la Armada, Jorge Godoy, aceptó toda la responsabilidad del caso. La ministra de Defensa, Nilda Garré, le ratificó la confianza, pero no son pocos en el Gobierno y en las propias Fuerzas Armadas los que creen que el marino tiene los días contados.
Si Godoy llegara a ser el fusible de esta historia, es posible que junto a él deban abandonar la Armada varios almirantes, con lo cual se estaría en presencia de una nueva purga militar.
En este escenario de puja en la búsqueda del rédito político, muy poco se debatió sobre las cuentas pendientes que tiene el proceso democrático cuando ya pasaron más de 22 años de su restauración, tras aquella larga y trágica noche de la dictadura.
Las desigualdades sociales, el autoritarismo enraizado en la cultura –sobre todo el ejercido desde arriba hacia abajo- y la sobredimensionada influencia del Poder Ejecutivo sobre el Congreso y la Justicia forman parte de esa lista de cuentas pendientes, si es que la Argentina pretende dar un salto de calidad institucional.
Sin embargo, sería de necios no reconocer que el país avanzó mucho tras la caída del régimen militar. La visita de Michelle Bachelet sirve de ejemplo: hace poco menos de 30 años, en la Argentina gobernaba Videla y en Chile Pinochet. Y la "cooperación" entre ambos países se resumía al "Plan Cóndor".
Sin mencionar, por cierto, que poco después los desvaríos de esos dos dictadores casi llevan a la guerra a los países hermanos.
