Tras la aprobación en la Cámara alta bonaerense de las modificaciones a la "Ley Ruckauf" (nº 12.405), que amplían el régimen de excarcelaciones, el ministro de Justicia Eduardo Di Rocco aseguró que esta ley otorga "el marco jurídico que exige la Corte Suprema de Nación" y se mostró "satisfecho".
En ese sentido, el funcionario bonaerense señaló que "el sentido de lo votado" pone nuevamente al Gobierno provincial "en la juricidad exigida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación".
Al respecto, Di Rocco señaló que la ley 12.405, conocida como "ley Ruckauf", se convirtió "en un mecanismo de control social" y que la prisión preventiva se transformó "en una pena anticipada".
"Su consecuencia inmediata fue un desmesurado aumento de la población carcelaria, a la vez que un drástico cambio en el perfil de las personas privadas de su libertad", señaló.
Ante ello, el ministro recordó que "al momento de promulgarse la ley se encontraban alojados en dependencias del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) 13.283 personas" y que cinco años después de su aplicación "ese número asciende a 24.974, es decir más del 90 por ciento de incremento".
Asimismo, aseguró que esta norma también modificó el perfil de los detenidos, que entre sus características se destacan la de ser "más pobres, más jóvenes y con menor nivel de instrucción. Es decir, los sectores más vulnerables de nuestra sociedad", señaló.
"Con esta modificación, los jueces recuperarán plenamente la capacidad de decidir en qué casos deberán aplicar la prisión preventiva, sin que eso se transforme en impunidad para nadie, pero tampoco en el encarcelamiento indiscriminado que va contra todos los principios de inclusión social que pretende nuestro país", finalizó Di Rocco.
