La crisis del sistema bancario deambula en busca de una solución definitiva. Luego del fallo redolarizador de la Corte Suprema, se han reabierto las dudas sobre su viabilidad patrimonial y han aumentado las chances que los bancos extranjeros se retiren y produzcan una reestatización de hecho del sistema. El Banco Central y el Ministro de Economia no se ponen de acuerdo sobre si toman una posición favorable a los bancos (entregándole bonos compulsivos a los ahorristas a cambio de la dolarización) o permiten que los amparos fuercen a los bancos a devolver los depósitos en efectivo y se descapitalicen aún más.
¿Qué es lo que hay que hacer con el sistema bancario?. ¿Hay que adoptar una posición dura, evitar nuevas compensaciones con bonos, de tal manera de obligarlos a traer los dólares del exterior?. El problema de esta postura es que los dólares de afuera no vendrán, seguramente los bancos preferirán "entregarles las llaves" al Banco Central y de hecho tendríamos una reestatización del sistema. ¿Y que hay de malo en esto?, preguntarían los partidarios de un retorno al estatismo, si en última instancia los bancos privados nacionales y extranjeros apoyaron la pesificación y cuando llegó el momento de cumplir con la (aparente) garantía implícita de sus matrices extranjeras, no cumplieron. El problema es que la alternativa es mucho peor, pues ya sabemos como funcionan los bancos en manos del Estado.
En el otro extremo, los bancos pretenden una posición blanda, que los compense de todas las arbitrariedades cometidas por el Estado. Los asiste parcialmente la razón, pues el origen primario de todos los problemas es el default del Estado, que llevó (inevitablemente) al congelamiento de depósitos y la devaluación e (innecesariamente) a la pesificación. Pero no los asiste toda la razón. El sistema bancario se arriesgó innecesariamente comprando bonos públicos por cantidades que excedían largamente su patrimonio neto. Colaboró en financiar la irresponsabilidad financiera del Estado, prestándole voluntariamente cerca de $30,000 millones de dólares a la Nación y las Provincias. Si no lo hubiera hecho, el default del Estado no lo hubiera arrastrado o lo hubiera hecho en una magnitud manejable.
Pero otros "pecados" se sumaron durante la crisis: la banca privada no defendió soluciones de mercado, prefirió apoyar soluciones corporativas como un congelamiento generalizado de depósitos (en lugar de congelamientos unilaterales decididos por los bancos en función de sus dificultades individuales). Prefirió también apoyar la pesificación, pues le permite enfrentar a deudores con mayor capacidad de repago (a costa de los depositantes).
El gobierno que intente una solución definitiva deberá debatirse entonces entre ayudar a recapitalizar bancos privados corresponsables de la crisis y su desafortunado manejo o enfrentar las consecuencias de un sistema bancario reestatizado. El dilema no es menor, pues si bien es pésimo que este proceso termine con una banca reestatizada, también es malo que salgan indemnes de esta crisis banqueros imprudentes, propensos a las soluciones corporativas e incumplidores de su función de defensa de los ahorristas. La indemnidad sería un incentivo para repetir comportamientos corporativos perversos en el futuro.
Una solución equilibrada
El problema primario es resolver la situación actual de los bancos. No es posible rehacer un sistema bancario con bancos quebrados. Si se contabilizaran los activos a valores de mercado, no sería sorprendente que la mayoría de los bancos tengan hoy patrimonios netos negativos. Por otro lado, con un sistema muy achicado y con la desconfianza generada entre los ahorristas, las perspectivas de rentabilidad futura son muy débiles. En estas circunstancias es difícil imaginar qué banco estaría dispuesto a pagar todos los costos de la crisis y capitalizarse trayendo dinero del exterior.
Si la capitalización voluntaria es ilusoria y la reestatización del sistema es absolutamente indeseable, no cabe otra alternativa que transitar un camino intermedio en donde el Estado compense por la pesificación asimétrica, los amparos y la redolarización de la corte, mientras que la banca asuma un compromiso de recapitalización adicional para cumplir con los capitales mínimos deteriorados por la desvalorización de su cartera pública y privada. La asistencia estatal no debe llegar al punto de compensarle a los banqueros los problemas derivados de su imprudencia.
Pero la mejor receta para recapitalizar los bancos no alcanzará para evitar las consecuencias inmediatas y mediatas de la crisis y su espantoso manejo. El daño está hecho, solo cabe pensar en cómo minimizarlo. Ya no es posible evitar el incremento de deuda pública para compensar el sistema bancario. De no hacerlo, los bancos abandonarán el negocio y el estado se hará cargo de la deuda heredando un sistema con más pasivos que activos. Lo único que resta discutir es si esa mayor deuda la pagarán los contribuyentes con más impuestos, la pagarán los actuales beneficiarios del gasto público o los tenedores de deuda a través de una mayor quita o menores intereses.
Tampoco será fácilmente olvidable para los depositantes la colusión del Estado, los deudores privados y los banqueros para estafar al ahorrista con la pesificación. La mayoría se resistirá a depositar su dinero en un banco local frente a la alternativa de poner sus fondos en el exterior. Sólo el tiempo podrá ir cambiando esa actitud, siempre y cuando el crecimiento del país y la salud del sistema financiero vayan confirmando que las condiciones de la crisis del 2001 no se repetirán.
Cuando antes revierta la confianza, mejor, pues antes tendremos los ahorros argentinos financiando nuestro crecimiento. La pregunta clave es qué puede hacer el gobierno para acelerar el retorno de la confianza. Después de una primera etapa de capitalización y normalización del sistema, es imperioso establecer reglas de juego que aceleren el retorno de la confianza. Pero el instrumento apropiado no son garantías artificiales, como las garantías estatales que desaparecen en tiempos de crisis, sino deben basarse en reglas de juego que minimicen los riesgos del sistema frente a futuras circunstancias de crisis. Una aplicación estricta de las normas regulatorias y políticas financieras prudenciales que el Banco Central desarrolló durante la década pasada, es imprescindible. Pero ello no basta. Será necesario también poner límites a la intermediación en dólares, limitándola sólo a préstamos a clientes con ingresos en dólares. El resto de la intermediación deberá manejarse en pesos o con instrumentos indexados por la inflación interna. También es imprescindible limitar la capacidad de la banca de hacer negocios fáciles con el Estado, prestándole a altas tasas en detrimento del crédito al sector privado. También será necesario eliminar la banca pública, botín de la política y fuente de corrupción.
Con una regulación prudencial efectiva y una política económica sana, el sistema bancario volverá a crecer lenta pero sostenidamente. La prudencia fiscal y la estabilidad macroeconómica serán también esenciales para que las (inevitables) crisis bancarias que se produzcan en el futuro no sean generalizadas y se limiten sólo a algunos bancos. En este contexto será posible evitar la recurrencia a "soluciones" corporativas que estafan al ahorrista en beneficio de deudores y banqueros y provocan que el ahorro nacional termine financiando el crecimiento de los países desarrollados.
