La Ley de Etiquetado frontal aprobada en el Senado y en Cámara de Diputados todavía no arroja sus frutos. Concedía a las empresas un tiempo de adaptación de 9 meses desde octubre de 2021 y otros 6 adicionales si las firmas solicitaban prórrogas. Se prevé un "período de transición" hasta fin de 2023.
La llamada Ley de Etiquetado frontal aprobada, por amplia mayoría en el Senado y en Cámara de Diputados con apoyo transversal de distintos bloques, todavía no arroja sus frutos en la concreta realidad. El entramado de la ley concedía a las empresas un tiempo de adaptación generoso: 9 meses a partir de su sanción en octubre de 2021 y otros 6 adicionales si las firmas solicitaban prórrogas para readaptar los envases o la composición de nutrientes. El plazo para PyMEs y cooperativas era más laxo aún. Se prevé un "período de transición" hasta fin de 2023.
La Ley 27.642 contemplaba dos etapas para esa transición. En una primera que vencía en agosto de 2022 el porcentaje de nutrientes críticos que conllevaba a aplicar el octógono negro era mayor que el de la segunda etapa (mayo de 2023) cuando más productos deberán aplicar el sello. No obstante el pedido de prórrogas ante la ANMAT, dependiente del ministerio de Salud, postergó el plazo de la primera etapa a febrero de 2023 y el de la segunda a mayo de 2024. La respuesta de la ANMAT en algunos casos era automática (una calculadora generada por sistema indicaba si debía readecuarse el envase) y en otros casos se accedió a pedidos por motivos variados: algunas empresas tienen stocks que agotar, otras rechazan la eliminación de personajes divertidos de sus envoltorios, otras aducen demoras para la adecuación tecnológica.
El lobby de las grandes alimenticias y las cámaras que las nuclean (para citar las más conocidas: AmCham y la Copal) fue rotundo al momento de la votación parlamentaria y durante la reglamentación de la Ley, que a su vez estuvo caracterizada por un fuerte hermetismo en el ministerio de Salud. Algunas organizaciones civiles que participaron de la elaboración de la Ley manifestaron haber quedado afuera de la discusión tras la sanción.
Desde la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) elevaron un pedido de información pública para conocer detalles del proceso de las exigencias a empresas en diciembre del año pasado. Y la Federación Argentina de Graduados en Nutrición (Fagran) reconoció también que las empresas que buscaban mayor flexibilidad para reglamentar los sellos "pensando más en su conveniencia económica que en la salud de la población".
Limpiando el frente del envase
Las alimenticias defendían distintas estrategias, como la incorporación de información nutricional complementaria cerca del octógono, algo que la Ley rechaza expresamente pues apunta a una sencilla identificación del problema por parte del consumidor. Solo está permitido agregar leyendas precautorias sobre edulcorantes y cafeína como sustancias no recomendables para las infancias.
También hubo disidencias respecto del capítulo que regula la publicidad de los alimentos ultra procesados; la Ley establece que si el producto lleva el sello octogonal no puede utilizar imágenes de celebridades, deportistas o animaciones en su difusión y directamente prohíbe toda publicidad de dichos productos orientada a niñas, niños o adolescentes. Las industrias pusieron el grito en el cielo porque deberán sacar al tigre de los cereales o al juguete del huevo de chocolate.
El buen espíritu de la Ley
Desde el ministerio de Salud prefieren llamarla Ley de Alimentación Saludable, tal como reza su texto, ya que está anclada en dos principios constitucionales importantes: la protección a los consumidores y el cuidado de la salud de las personas a través de una alimentación sana. Se busca prevenir enfermedades como la malnutrición, el sobrepeso y la obesidad.
Los datos aunque poco actualizados del último Informe sobre Obesidad de la OCDE en el año 2017 muestran a países como Estados Unidos (con el 38,2% de la población adulta obesa) y México (32,4%) liderando el ranking con problemas de malnutrición entre su población, de cerca los sigue Chile (25% con obesidad). Nuestro país no se queda atrás ya que según la Encuesta de Factores de Riesgo que elaboró el INDEC en 2018, el 61,6% de las personas tienen exceso de peso en Argentina (36,2% tienen sobrepeso y 25,4% obesidad).
A nivel regional en los últimos cinco años Chile, Perú, México y Uruguay implementaron etiquetas de advertencia en el frente de los envases de los ultra procesados, con resultados favorables: el 41% de los chilenos modificó sus hábitos de consumos después de la ley, por ejemplo. También vale notar que los problemas de alimentación están ligados a la falta de ingresos, es un problema más difundido entre los pobres y en Argentina el 50% de la población infantil está por debajo
