El miércoles pasado Sergio Massa abrió la sesión informativa en la comisión de Presupuesto y Hacienda de la cámara de Diputados donde se debatirá el Presupuesto 2023. Una diferencia respecto de su predecesor fue el tono distendido, en lugar de las palabras rígidas aunque pausadas de Martín Guzmán, y la ausencia de filminas, porque el relato ocupó un lugar central frente a los datos. Massa se mostró suelto pero informado, con observaciones que hacer en casi todos los temas que invocaba su discurso. Comenzó señalando la importancia de tener un presupuesto aprobado para el normal funcionamiento del Estado y para su previsibilidad, así como el hecho de contar con una visión integral para el área económica a partir de la unificación de las carteras.
Identificó, con visión estratégica, cuatro sectores claves para la inserción internacional de Argentina de aquí a futuro: economía del conocimiento, agroindustria, minería (prefirió no centrarse exclusivamente en el lito) y energía (apuntando a la reserva de shale-gas en Vaca Muerta). Es verdad que esa no marca un giro retórico respecto de los sectores estrellas para el ex ministro de Desarrollo Productivo. A su vez, indentificó otros tres sectores relevantes como motores para la demanda interna de nuestro país: el turismo, la construcción y las telecomunicaciones. Cada uno le valió una apreciación sobre sus perspectivas o condiciones, respecto de hidrocarburos indicó que la semana próxima ingresará el proyecto de ley para fomentar inversiones.
Tras esa introducción, Massa brindó un enfoque genérico acerca de los objetivos de la política económica en el marco del Presupuesto 2023. Son cuatro: consolidación u orden fiscal; crecimiento del superávit comercial; recomposición de las reservas (lo cual lleva de suyo el fortalecimiento de nuestra moneda) y desarrollo con inclusión social. Eso sucedería en un marco de crecimiento económico restringido, como suponen las proyecciones del Presupuesto, lo cual contribuiría a alcanzar el segundo y tecer objetivo de recomposición del balance externo. El PBI aumentaría apenas 2% en 2023 y decepciona la evolución de todos los componentes de la demanda agregada: se ralentiza la dinámica del consumo interno, de la inversión privada y del gasto público; en tanto que las exportaciones crecen (por un efecto precio) y las importaciones desaceleran bruscamente.
La retracción del consumo interno es un fenómeno que las consultoras especializadas vienen señalando: en los primeros ocho meses de este año el consumo retrocedió -2,2% en términos reales; lo cual es producto una lerda recomposición de los ingresos de la clase trabajadora: apenas 0,8% arriba del promedio en los primeros siete meses del año también en términos reales (el dato lo publicó ayer INDEC).
Los ejes de la gestión Massa
Massa hizo hincapié en el tema de las importaciones y volvió a reconocer una vez más en público su sorpresa al encontrar que diversas posiciones arancelerarias de bienes finales de consumo suntuario (entre ellas máquinas traga-monedas, whisky y embarcaciones de lujo) estaban dentro del régimen de Licencias Automáticas (más laxo para el ingreso por Aduana), al tiempo que se refirió a las cautelares judiciales a las que definió como un "sistema para ingresar importaciones al país": no veo la urgencia en traer toallas o máquinas para minar criptos, se reprochó. Vale aclarar que se sospecha que aquel esquema funcionaba como pantalla para que importadores accediesen al dólar oficial sin una demanda real de dichos productos durante la gestión del ex ministro Matías Kulfas. La nueva conducción al frente de la secretaría de Industria buscará inhabilitar el ingreso de bienes de consumo final vía las Licencias No Automáticas y aprobar la entrada de productos que no se fabriquen en el país y sirvan de insumo para otras actividades.
El ministro también adelantó que está avanzado en un programa para atar la aprobación de importaciones con fechas de pago anticipadas por el Banco Central, de modo de alinear la decisión política del gobierno con el acceso a los dólares requeridos por el sector industrial.
Una segunda cuestión en la que enfatizó Massa en su discurso ante lxs diputadxs (y algunos miembros del Senado que se hicieron presentes para escucharlo de primera mano) fue la del financiamiento externo a través de organismos internacionales de crédito, lo cual contribuirá a disminuir la asistencia monetaria al Tesoro proveniente del Banco Central en línea con lo estipulado en el programa económico diseñado con el FMI. No mencionó el éxito de sus gestiones durante su gira por Estados Unidos pero sí explicitó que espera desembolsos brutos para 2023 por unos USD 3.800 millones. Otro tanto debería ingresar en lo que resta de 2022 a través de la Corporación Andina de Fomento y el Banco Mundial pero también se esperan desembolsos en concepto de pago de intereses y otros vencimientos por USD -2.950 millones, este año, según estimó Bloomberg en base a datos oficiales.
La inflación (monetaria) y los industriales
Los detalles técnicos del Presupuesto 2023 fueron brindados minutos más tarde por los funcionarios del área económica. Entre ellos se destacó el secretario de Política Económica (coloquialmente conocido como vice-ministro) Gabriel Rubinstein, que sorprendió calando hondo en el problema de la inflación como eje de su exposición. Ante las dudas que manifestaban lxs diputadxs sobre cuán factible sería alcanzar el 60% de inflación proyectada en el Presupuesto (dado que el promedio de consultoras privadas ubica en 84% el alza del índice de precios 2023), Rubinstein subió la apuesta y sostuvo que era posible apuntar a una inflación del 40% si el déficit fiscal pudiera llevarse a cero. Luciano Laspina aclaró que contaban con la oposición si ese era el programa. Implícitamente Rubinstein se refería a la famosa "separata" que sugiere una recaudación adicional del 2,5% del PBI si se eliminasen excensiones tributarias a personas físicas y empresas.
Las palabras del vice-ministro fueron replicadas en su cuenta de Twitter al día siguiente: el fondeo monetario al Tesoro y el repago de Leliqs (que podrían considerarse como un fondeo indirecto a Nación) es compatible con una inflación del 40% el año próximo. Cualquier adicional sobre la dinámica de precios está vinculado especialmente a dos cuestiones: por un lado, al desequilibrio externo que presupone tener múltiples tipos de cambio (algo que reconoce, no podría desarmarse en el corto plazo) y, por el otro, a la ausencia de políticas coordinadas capaces de desarmar la inercia inflacionaria. Una caída de los márgenes de ganancia empresariales ayudará en ese sentido, destacó, en línea con las palabras previas del ministro y posteriores de la vice-presidenta (en Twitter) que apuntó específicamente a las compañías del sector alimenticio.
Massa había puntualizado en su exposición sobre el caso testigo de un sector -que omitió explicitar- que recibiendo subsidios fiscales y la reducción de aportes patronales, además préstamos a tasas subsidiadas y dólares baratos para importar, venía aumentado considerablemente sus precios en los últimos ocho meses y que a su vez evitaba sentarse a cualquier mesa de negociación con el gobierno y acompañar acuerdos precio.
Es verdad que la semana pasada el ministro mantuvo un encuentro con el comité ejecutivo de la Unión Industrial Argentina donde escuchó el planteo de las fábricas más poderosas del país y donde también hizo su descargo. En esa reunión había puntualizado que desde el ministerio de Economía detectaron casos de empresas que pidieron importaciones por el triple de su facturación (de modo que se estaban stockeando o bien produciendo de manera informal). También mencionó allí la intensión de unificar el financiamiento subsidiado al que acceden las firmas en una sola línea de crédito en mano de los bancos públicos y cuyo scoring sería el mismo que utiliza el Banco Central para la aprobación de importaciones. Por último, dejó planteado el conflicto de los insumos difundidos, con firmas que mantienen concentrado el poder de venta y pero remarcan por encima de los costos internacionales.
Todas estas serán líneas de acción, de sintonía fina, a la que aspira alcanzar la nueva gestión del ministro. Forman parte de un proceso de aprendizaje que acarrea el sector público; un proceso discontínuo pero que reaparece puesto en valor y es una apuesta relevante también para ordenar la macroeconomía.
