También exigieron mayor seguridad por parte de las fuerzas federales para un mayor "control y vigilancia" debido a casos de acoso, amenazas y robos. Así lo manifestaron luego de una asamblea.
Los trabajadores del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos reclamaron por el esclarecimiento del femicidio ocurrido en Otamendi el sábado 16 y exigieron la presencia de fuerzas federales para un mayor "control y vigilancia" del área protegida.
Así lo comunicaron luego de una asamblea abierta de la que participaron afiliados y delegados de los gremios ATE, UPCN y SIGUNARA, tanto como no agremiados.
Los trabajadores manifestaron su "preocupación con respecto al femicidio acontecido en las inmediaciones del Parque Nacional" y exigieron "medidas a corto plazo y mediano plazo para garantizar la seguridad tanto del personal como de los visitantes".
Dos semanas atrás el cuerpo de Rosa Invernón, una mujer de 73 años oriunda de Villa Adelina, fue encontrado sin vida en las inmediaciones de la calle Cordero. Las autoridades confeccionaron un identikit del presunto asesino, que todavía es buscado por la policía.
Los firmantes del acta de la asamblea en el Parque Nacional denunciaron que tras el hallazgo del cuerpo de Invernón a unos 400 metros de la entrada al Parque "primó el caos y la tensión entre los habitantes del predio de la estación y los internos de la Fundación Viaje de Vuelta, centro de rehabilitación de adicciones que ocupa terrenos correspondientes al Parque Nacional".
"El accionar de la Policía Bonaerenses en las siguientes 24 horas fue intermitente, obligando al cuerpo de guardaparques y al intendente del parque a dar aviso a las autoridades pertinentes" de provincia y Nación. Otra medida fue cerrar el parque "después de este suceso" debido a que "gran parte" del personal "quedó afectado a la tarea de control y vigilancia" del predio.
"Los trabajadores del Parque Nacional dejamos bien en claro que este femicidio no es un hecho aislado. El gran crecimiento demográfico registrado en la región metropolitana en las últimas décadas y la falta de infraestructura y recursos humanos destinados a la seguridad, control y vigilancia, han convertido" al parque "en un espacio residual dentro del ejido urbano, en donde se suceden toda clase de infracciones y delitos asociados a robos, acosos, homicidios, femicidios, trata, narcotráfico, caza furtiva y traslado de animales muertes", manifestó el personal del predio ecológico.
En ese sentido, denunciaron que "tanto antes como después" del asesinato de Invernón trabajadores que se dirigían al parque fueron víctimas de "acoso". También que los trabajadores del parque y visitantes vienen teniendo "recurrentes encuentros" con personas con "tobillera electrónica" en los senderos habilitados, así como con individuos que portan armas blancas y transitan en compañía de perros.
Además señalaron que son reiterados los robos a los visitantes -incluso mediante armas de fuego- y a las viviendas del personal, las amenazas con armas a los trabajadores y la intrusión a la zona del corral donde permanecen los animales secuestrados.
"Gran parte de los hechos mencionados fueron debidamente notificados y denunciados en su momento por los agentes del Parque y cursan sus procesos judiciales y administrativos correspondientes", se informó desde la asamblea. Y recordaron que "la designación del Parque como de alta complejidad al momento de su creación en parte tiene que ver con su ubicación relativa con respecto al área metropolitana" y sus "problemáticas".
"Sin embargo, al día de la fecha, queremos dejar bien en claro que no se han realizado acciones institucionales acordes a este nivel de complejidad, aun cuando el Parque estuvo cerrado durante un año al uso público (desde noviembre de 2018 hasta septiembre de 2019)", cuestionaron.
Por otro lado, el documento resultante de la asamblea menciona que los salarios de los trabajadores que trabajan en el área protegida "no se corresponden ni con su complejidad, ni con el costo de vida de la zona donde está emplazada", por lo que su labor es "más hostil de lo que ya de por si es".
Condiciones
Los trabajadores del Parque Nacional, que se encuentra cerrado desde el domingo 17, comunicaron que antes de retomar sus actividades se tienen que garantizar "las condiciones laborales necesarias en materia de seguridad e infraestructura".
Entre sus peticiones, el personal del área protegida incluyó la resolución veloz del crimen de Invernón y la presencia "permanente" de fuerzas federales de seguridad como Prefectura Naval y Gendarmería Nacional.
Además reclamaron la "readecuación de los salarios de los trabajadores" por desempeñarse en una "zona desfavorable".
Al mismo tiempo, exigieron a la Administración de Parques Nacionales (APN) la firma de un acta de compromiso para la adecuación de la infraestructura, los recursos humanos y el presupuesto destinado a la institución en un plazo de cinco años; que se trabajen en conjunto con los distintos niveles de gobierno las problemáticas de la región: y que se cumplan con las instancias de capacitación del personal asociadas a la violencia de género.
En minoría
Al menos dos personas que participaron de la asamblea firmaron el acta en minoría, debido a su oposición al despliegue de fuerzas federales en el área protegida. Para fundamentar su postura, señalaron que "cuando Parques Nacionales llamó a las fuerzas de seguridad nacional" en la Patagonia "desaparecieron y asesinaron primero a Santiago Maldonado y después a Rafael Nahuel". Asimismo indicaron que "1 de cada 5" femicidios "son a manos de un miembro de las fuerzas de seguridad".
Exigieron mayor seguridad por parte de las fuerzas federales para un mayor "control y vigilancia" debido a casos de acoso, amenazas y robos.
