Buenos Aires (Especial para NA por Luis Torres) -- Para el Gobierno de Eduardo Duhalde está llegando la hora de las presiones políticas, sindicales y de toda índole.
La dirigencia política de todos los partidos conoce, al igual que los sindicalistas, los empresarios y el sector financiero, que cuando un Gobierno se va, es mucho más débil que cuando llega, y es por eso que lo que no se consigue ahora, difícilmente se conseguirá mañana. Sea quien fuere el nuevo presidente.
Para tomar un ejemplo, simple y directo, los gremios de los ferrocarriles concretaron un paro general de 24 horas y amenazaron con otro de 36, que fue suspendido luego de reabrirse una instancia negociadora en el ministerio de Trabajo, que culminó con un principio de acuerdo salarial entre los gremios y las empresas.
Las gestiones de Graciela Camaño fueron febriles para evitar la huelga, pero sólo tal vez, una muñeca política superior -léase Duhalde- haya podido revertir la situación.
El síntoma más claro de esa intervención se vio reflejado en una reunión convocada para este lunes por la Jefatura de gabinete, en la que participarán los representantes de los gremios, de las empresas y, además de Camaño y Atanasof, también el ministro de la Producción, Anibal Fernández.
Otro ejemplo, para nada sencillo, lo muestra el sistema financiero, algunos de cuyos representantes han venido manteniendo reuniones con miembros de la Corte Suprema para explicarles los problemas de "operatividad" que deberían enfrentar los bancos si
se produce una catarata de reclamos judiciales si se redolarizan los depósitos.
Los jueces de la Corte han sido cautos, medidos, y precisos al responderle a estos banqueros que el máximo tribunal no puede ir más allá de lo que ya dispuso en el caso que enfrentó al Banco Nación con la provincia de San Luis.
Los bancos, ahora, están empezando una tarea política para conseguir una "compensación" por parte del Estado nacional por la asimetría de la pesificación.
La Corte, entretanto, se apresta a tomar una decisión en el caso de la ahorrista de Bahía Blanca Mirtha Beratz. Es probable que en los próximos 10 días los jueces se pronuncien en el mismo sentido que lo hicieron en el caso San Luis-Banco Nación.
Pero dentro del máximo tribunal no son pocos los jueces que opinan que, como la damnificada ya cobró lo reclamado, el caso se ha vuelto abstracto. No se puede fallar sobre lo que no existe.
El tercer y último tema de enorme peso político que está en manos de la Corte, esto es el caso de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, es más que probable que el dictamen se postergue hasta mucho más allá del mes de mayo.
Es decir, después de las elecciones del 27 de abril.
En este caso la Corte debe determinar sobre la constitucionalidad de ambas leyes dictadas durante el Gobierno de Raúl Alfonsín y en medio de alzamientos carapintadas.
En cuanto a las chances de los distintos candidatos, ya que estamos hablando del período post-eleccionario, hay que decir que la figura de Néstor Kirchner y Carlos Menem, parecen haberse despegado del primer escalón en el que están Adolfo Rodríguez Saá y Elisa Carrió.
Pero existe también para dentro de muy pocos días un momento político de alto significado en la provincia de Buenos Aires: el 30 se deben realizar las elecciones internas en todos los partidos.
El nuevo gobernador debe surgir de las elecciones que se celebren en setiembre. El peronismo bonaerense está preparando, por ahora con bastante discreción, una gran alianza para evitar que Buenos Aires caiga en manos del menemismo o bien de Aldo Rico, que es candidato de Rodríguez Saá.
Eduardo Duhalde, indudable referente del PJ bonaerense, tiene que jugar todas sus fichas para que gane Felipe Solá.
Y es aquí donde su astucia política lo ha llevado a cerrar acuerdos con intendentes radicales para que lleven el mismo candidato a gobernador y vice que los peronistas. En una palabra: los radicales y los peronistas tendrán en la boleta a Felipe Solá como candidato a gobernador. Casi "una armada invencible" como aquella que hizo famosa a España.
Con la misma orientación de conseguir mejorar sus propias chances Felipe Solá está a punto de ejecutar una maniobra política de gran repercusión.
Desplazará del ministerio de seguridad al polémico Juan Pablo Cafiero y designará en esa cartera, probablemente, a un oficial retirado de la policía bonaerense.
Con algunos leves cuestionamientos por algún organismo defensor de los Derechos Humanos, se menciona con insistencia a ese cargo al comisario Ramón Verón, que sucedió a Aldo Rico, durante la gestión de Carlos Ruckauf.
Pero Solá perderá su buena llegada con los líderes y votantes del desaparecido FrePaSo, y es por eso que Cafiero irá a ocupar la cartera de Desarrollo Social.
Otros dos ministros bonaerenses que serán desplazados son Mariano West y Federico Scarabino. El primero porque será candidato a intendente y el segundo porque será senador provincial.
La intención del gobernador Solá es designar figuras más vinculadas al profesionalismo o a la técnica que a la política, porque ha hecho caso y ha admitido los consejos de viejos militantes bonaerenses en el sentido de que él lo que debe exhibir es su capacidad de gestión.
Volviendo a los candidatos, tanto Kirchner como Menem, parecen haber entrado ya en el último codo para lanzarse a toda carrera en pos del triunfo.
Ambos se están preparando febrilmente.
El gobernador de Santa Cruz, en caso de que llegue a ganar, asumirá el 25 de mayo con varios ministros duhaldistas y prepara su gran lanzamiento para el 10 de diciembre.
Sucede que entre el 25 de mayo y el 10 de diciembre, quien gane completará el mandato que Fernando de la Rúa abandonó y es por eso que ninguno de los dos vicepresidentes -en caso de que gane uno u otro- podrán asumir hasta esa fecha.
Se da por seguro, por ejemplo, que uno de los ministros que no permanecerá en el Gabinete de Kirchner es Jorge Matzkin de Interior, así como es casi seguro que Ginés González García permanecería en ese hipotético gabinete de transición, en la misma área de Salud.
En el caso de Menem, ya parece definido que Pablo Rojo (que el último viernes hizo una larga exposición sobre cómo se gastaría el presupuesto del presente año ante lo más granado del menemismo) ocupará la cartera de economía, mientras que el área más sensible, que es la seguridad, le sería ofrecida a Luis Patti, actual intendente de Escobar. En una palabra, Menem separaría el Ministerio de Justicia y Seguridad.
De esa manera, los votantes de Patti podrían inclinarse por algún candidato bendecido por el ex presidente, ya sea Alberto Pierri o Aldo Rico. Todo depende del plan de alianzas que esté pensando el equipo político de Carlos Menem.
