Se escapan versiones de la negociación del gobierno con el FMI que nos ubican en un lado astuto. Por empezar, epistemológicamente la gestión de Guzmán produjo cambios salientes como la declaración de que el programa de vencimientos (montos, plazos e intereses) para la cancelación de la deuda externa tal como estaba planteado era "insostenible" para Argentina, y, más recientemente, el reconocimiento de que la inflación es un fenómeno "multicausal" por estos pagos y que requiere un enfoque integral para ser atacada, abordando la situación cambiaria, fiscal y monetaria. Es decir, se incorporaron objetivos y valoraciones a la retórica del Fondo que lo colocan en un lugar más complejo que el de mero acreedor disociado de la experiencia del endeudamiento. Decíamos astuto porque Guzmán apunta a mejorar nuestros vencimientos tomando como copia una nueva línea que activará el organismo (el Fondo de Resiliencia y Sustentabilidad) que permitirá integrar parte de DEGs de las naciones poderosas para financiar las necesidades de los países de más bajos ingresos, con tasas más bajas y plazos más largos. El ministro y otros pares proponen un tratamiento similar para países de ingresos medios.
Ganar unos gramos de soberanía, no solo financiera sino económica, y despejar la presión del Fondo que hundió a economías enteras (por mencionar algunos casos que me vienen a la cabeza, recuerdo la fallida recuperación de Grecia y otros PIIGS tras la crisis de 2011 europea, o el caso de Brasil cuando sucumbió a intereses similares a los que pregona el organismo y se acometió a un sesudo ajuste fiscal innegociable); esas metas tan pulcras como inaccesibles de un déficit fiscal tendiendo a cero o una determinada tasa de emisión monetaria (que suponga un no financiamiento al Tesoro). Dejadas de lado -al menos temporariamente- esos argumentos que confunden la administración de un país con el gerenciamiento de una empresa, que debe ser austera so pena de desaparecer en manos de la competencia, nos resulta trascendente pensar ciertos rasgos de la política pública local más allá de las obsesiones numéricas. Hagamos el esfuerzo.
El primero de ellos atañe al financiamiento; sabemos que la versión más noble sería que el Estado recaude más a través de impuestos y con ello financie las partidas del gasto. Pero la evasión fiscal en Argentina es enorme y alcanza tanto a grandes como pequeños actores, imagine que representa casi el 3% del PIB: un montón; considere que el paquete de medidas por el COVID-19 representó el 4,5% del PIB en 2020. El engranaje de impuestos nacionales, provinciales y municipales en nuestro país es demasiado complejo y las propuestas de reformas tributarias integrales en nuestros país han quedado siempre como promesas; también este gobierno trabaja un borrador de la misma, resta ver si será capaz de implementarla.
Mientras tanto, y con el grifo del endeudamiento externo (afortunadamente) cerrado, otras dos fuentes de fondeo al sector público son la emisión de deuda en pesos o las transferencias de recursos desde el Banco Central, usualmente conocida como emisión monetaria. ¿Cuál es más favorable? Si el Estado emite deuda lanzando al mercado títulos públicos en pesos, entonces se está financiando con pesos que ya existen. Quita, temporariamente, dinero de circulación y genera una potencial emisión a futuro, para financiar los vencimientos (montos, plazos e intereses) de los títulos públicos. Habitualmente en el capitalismo toda deuda se rollea: no fueron pensadas para ser pagadas. De todos modos eso no despeja la posibilidad de un pánico financiero, aunque en el caso de la deuda soberana emitida en moneda de curso legal es más difícil que suceda. El reperfilamiento de la deuda en pesos del macrismo realmente fue una curiosidad. Igualmente cabe decir que la paciencia y seguridad aún no se ha instalado en Argentina ya que prácticamente todos los bonos soberanos son a cortísimo plazo: entre 2021 y 2023 versus bonos de deuda a 10 años que son comunes en los países más poderosos.
Fondeo con 40% de deuda y 60% emisión monetaria había sido la promesa de Guzmán para el Presupuesto 2021. A su pesar, claro. Pero el país que estudió es el que recibió: el ministro es especialista en deuda soberana. Pero más allá de sus esfuerzos intelectuales si la macro argentina no se consolida es dudoso imaginar esquemas de financiamiento más virtuosos. Y mientras tanto ¿cuál es el problema de la emisión? Los ortodoxos dirán que la inflación, aunque pudimos ver recientemente esa combinación entre contracción monetaria y alta inflación (54% en 2019, la más alta en los últimos 28 años, la gestión económica era asesorada por otro FMI). Los heterodoxos diremos que volcar dinero adicional a la economía acarrea dos efectos inmediatos: el aumento del consumo o del ahorro, y por aumento del ahorro en nuestro país entendemos irse al dólar. El dinero es fungible de modo que no importa si la emisión se destinó a costear un plan social o un subsidio energético: al final de las sucesivas rondas de circulación acabará (en un 45%...) concentrado en la clase media y otro tanto en las clases altas del país.
De todos modos parece no haber alternativa, mientras haya que garantizar platos de comida para la población, la estructura de financiamiento de la política pública es muy frágil en Argentina.
