La discusión sobre cuál es el mejor ajuste de las tarifas de gas y energía eléctrica encierra varios escollos además de la notoria disidencia entre el Subsecretario de Energía Eléctrica y el Ministro de Economía. ¿El ajuste tiene un fin fiscalista o se trata de corregir un esquema de subsidios que (al igual que el pago del impuesto a las ganancias antes de su corrección) perdió progresividad hace tiempo? ¿Las tarifas deben dolarizarse o desdolarizarse? Está claro que al tratarse de servicios públicos su precio no refleja meramente cuestiones de mercado pero parece que tampoco puede alejarse mucho de ellas.
El gas es la principal fuente energética de nuestro país y el precio que reciben las empresas dedicadas a su extracción está subsidiado por el Estado: ese fue el compromiso del Plan Gas, mantener un valor de USD 3,7 por millón de BTU por cuatro años para garantizar producción e inversiones. Aún así los saldos de extracción son bastante inferiores a los proyectados por el programa, sabemos que deberemos importar gas en invierno. El precio de esta commodity en los mercados internacionales es de USD 2,958 por millón de BTU pero en Argentina casi todas las actividades están subsidiadas de alguna forma.
A su vez, tampoco los consumidores residenciales pagamos el precio pleno en las tarifas de luz y de gas: se estima que el Estado cubre alrededor del 60% de la tarifa de gas y un poquito más en el caso de la energía eléctrica. Este esquema es el que se desea re-adecuar con el argumento de que su diseño no es progresivo, especialmente en el caso de la luz donde la alícuota de subsidio no puede diferenciarse, ya sea en función del consumo residencial (aún si este fuera un buen indicador) o del ingreso medio de las familias (aunque sería muy difícil vincular un domicilio con cierta magnitud de ingresos). Además también es posible que a igual nivel de ingresos dos familias tengan gastos distintos, por ejemplo en función de la propiedad de la vivienda.
A esas dificultades técnicas para segmentar se suman escollos legales, como que las bases de datos de ANSES y Energía que necesitaría cruzar Economía para diseñar mejor la política están protegidas por el secreto fiscal. Es decir que su circulación entre organismos del Estado no es tan libre como se necesita y la voluntad política para avanzar en este sentido también se ve obstaculizada.
El proyecto de segmentación tarifaria es peculiar en tanto reúne un amplio consenso social pero enfrenta dificultades reales difíciles de sortear. De allí el acuerdo entre el ENRE y Conicet que nos enteramos en las últimas horas para avanzar en un diseño cuidado, bien focalizado y que sea sostenible para costear.
Los primeros borradores que habían circulado hablaban de tres grandes grupos de consumidores: un 40% de la población que percibe ingresos bajos, otro 40% de renta media y el restante 20% de ingresos altos. Es sobre ese gris segmento de la población de ingresos medios donde se debe poner la lupa para no castigar presupuestos que, como sabemos, ya se ven bastante golpeados por la inflación. De allí el sesgo de los últimos anuncios de medidas económicas que hizo el presidente: duplicar los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar, porque allí se concentra el golpe más duro de la pobreza, y prolongar y mejorar el acuerdo cárnico que afecta especialmente a las capas medias.
En términos fiscales, el peso de los subsidios energéticos ronda el 1,7% del PIB. Es el segundo agregado del gasto más significativo detrás de las erogaciones en seguridad social: aquel representa alrededor del 11% del gasto y las últimas algo más del 50%. Para mantener el peso de los subsidios en términos del PIB las tarifas deberían subir alrededor de un 30%, bastante menos del 100% que hubiera significado seguir con el patrón de ajuste que el propio Macri suspendió en 2019 y mucho más que el 7% en el caso de gas y 9% de energía eléctrica que parece apadrinar ahora el gobierno. Hay 1 punto porcentual del déficit que Guzmán ya logró reducir al reestructura la deuda pública externa con acreedores privados, otro tanto debiera caer el gasto destinado a pagar al FMI pero una menor porción del ajuste (de pasar de -6,5% del PIB a un déficit primario de -4,5% como se comprometió Economía) recaería sobre las familias al menos durante este año. Quienes se encuentran atentas a la negociación son las empresas distribuidoras de los servicios que ya hicieron llegar sus propuestas al gobierno nacional.
