El intendente de Vicente Lopéz, Jorge Macri, presentó un amparo en la Justicia bonaerense para intentar frenar la suspensión de las clases presenciales entre el 19 y el 30 de abril que dispuso el Ejecutivo Nacional, con apoyo del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.
"Como gobierno tengo un poder que es la Justicia. No planteo una rebeldía, porque las normas están para ser respetadas. Voy a tratar de hacer lo que esté a mi alcance para garantizar que lo que no enferma, como las clases presenciales, continúe", sostuvo el jefe comunal.
A la vez, aclaró que el pedido judicial es por la presencialidad en las escuelas y no tiene que ver con las restricciones de circulación durante la noche.
"Sé que en la nocturnidad desordenada e ilegal sí ha subido el nivel de contagio. Pero para eso en Vicente López vamos a entregarles a los gastronómicos, salones de fiestas y gimnasios un subsidio no reintegrable de 40 mil pesos para que puedan seguir subsistiendo", explicó Jorge Macri.
Dijo que "está demostrado que los chicos no se contagian en las escuelas" y cuestionó al gobernador Kicillof por no consultar la medida con los intendentes.
Por su parte, el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, firmó un decreto municipal para declarar a la educación como un servicio público esencial.
Según informó el municipio, el referente de la UCR bonaerense firmó el pasado jueves el decreto 521/2021 por el cual instruye a las dependencias públicas del distrito a continuar trabajando para que "las clases puedan seguir impartiéndose de manera presencial".
Si bien la decisión no está por encima del decreto firmado por el presidente Alberto Fernández, se trata de un gesto político alineado con la postura adoptada por Juntos por el Cambio y con otros de los jefes comunales de esa fuerza política.
Jorge Macri, intendente de Vicente Lopéz
