Como repite permanentemente el presidente Alberto Fernández la estrategia del gobierno para resolver sus enormes diferencias de política económica con el poder real es el diálogo para lograr los consensos que le permita avanzar sin grandes conflictos.
Esta estrategia se enfrenta a la permanente negativa de las elites económicas a resignar una parte de sus ganancias y a permitir cualquier regulación de sus negocios por poco significativa que sea.
Muy por el contrario el gran empresariado presiona siempre para conseguir que le bajen los impuestos y que los trabajadores acepten menores salarios en términos reales y resignen derechos que tantas luchas les costaron en nuestro país y en todo el mundo.
Sabido es que salvo raras veces poder y gobierno son cosas distintas y estos grupos dominantes lo demuestran permanentemente tratando de "marcarle" la cancha a quienes el pueblo ha elegido para que conduzcan a los destinos de nuestra nación.
En este sentido no debe sorprender que en la reciente reunión entre el gobierno y empresarios muchos titulares de las grandes empresas no concurrieron y enviaron en su lugar a sus CEOs con excusas pueriles menospreciando a los ministros encargados de la reunión.
En dicha reunión el ministro de Economía Martín Guzmán interpretó que la inflación es fundamentalmente un fenómeno macroeconómico. Por esta interpretación fue premiado con un cerrado aplauso por los representantes patronales por ser esta idea la que el neoliberalismo quiere imponer como verdad revelada desde hace tiempo y que pone las culpas en cabeza del gobierno y los libera de sus evidentes responsabilidades.
Ante la posibilidad de tener que ceder algo para congraciarse con la sociedad las grandes empresas utilizan la estrategia que han seguido siempre aumentado sus precios de manera tal de poder bajarlos sin tener que hacerlo a los niveles anteriores a las subas.
Al mismo tiempo comenzaron a restringir las entregas de aquellos alimentos y artículos de limpieza abarcados por el acuerdo de precios máximos al que habían adherido en su momento.
La Secretaría de Comercio Interior constató estos incumplimientos a lo acordado e imputó a 11 grandes empresas del sector, esto es Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian, por reducir su producción y entregar menores cantidades que las necesarias.
Esto es una nueva demostración de que la elite empresaria es muy poco confiable respecto a los compromisos que asumen e instalan fundadas dudas sobre los acuerdos que se puedan alcanzar respecto a precios y salarios en las distintas instancias de diálogo.
Tampoco puede pasar desapercibida la insistencia en desconocer la autoridad del gobierno como constantemente lo hace el grupo Clarín que aumentó los servicios de telefonía celular en un 20% pese a que solamente está autorizado un 5% y ha judicializado el reclamo del poder ejecutivo para que devuelva la diferencia.
Este continuo recurrir a jueces amigos para poder hacer lo que les plazca pone en evidencia la imperiosa necesidad de reformar al poder judicial para poder lograr aquello que una vez dijo Salvador Allende: "No basta que todos sean iguales ante la ley. Es necesario que la ley sea igual delante de todos". Como podemos comprobar cotidianamente esto está muy distante de nuestra realidad.
Podemos adaptar el concepto que alguna vez dijo John Foster Dulles respecto a Estados Unidos: los empresarios no tienen amigos, sólo tienen intereses.
