Permanentemente podemos comprobar cómo los sectores más exageradamente ricos no están dispuestos a contribuir para poder mínimamente achicar la brecha que los separa de los sectores con muchos menos recursos.
Por el contrario pretenden seguir acumulando lo más posible aunque esto signifique aumentar las desigualdades y empobrecer a gran parte de la clase media y más aún a los sectores que desde hace mucho ya tienen graves problemas para poder subsistir.
Así vemos como los mega millonarios se niegan a pagar una muy pequeña porción de su patrimonio para contribuir a paliar aunque sea en parte los desbastadores efectos de la pandemia en la mayoría de la población.
Tengamos en cuenta que gran parte de este sector más rico no perdió durante la crisis sanitaria que provocó el covid-19 sino que por el contrario ganó. Quizás tuvo menores ganancias pero no perdieron.
Esta misma negación de los que más tienen a contribuir para disminuir las enormes desigualdades existentes se observa en la Ciudad de Buenos Aires que se resiste a reducir lo que la nación le aporta para cubrir los mayores gastos que le ocasiona el haberse hecho cargo de la Policía Federal correspondiente a esa ciudad.
El problema reside en que el anterior gobierno encabezado por Mauricio Macri dispuso mediante un decreto transferirle anualmente a la Ciudad de Buenos Aires una suma que equivale al doble de los gastos que demanda la policía transferida y es esta diferencia que le está pagando de más lo que el gobierno nacional pretende dejar de dárselo a la CABA para destinarla a otras provincias, especialmente a la nuestra.
Debemos tener en cuenta que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es por lejos el distrito más rico del país y por lo tanto la menos necesitada de la ayuda del gobierno nacional frente a las demás provincias cuyas falencias de todo tipo no son padecidas por los porteños.
Para dejar en claro su pertenencia al macrismo de pura cepa el jefe de gobierno capitalino lo primero que hizo fue victimizarse.
En su discurso se encargó de atemorizar a sus gobernados con las supuestas consecuencias del recorte en distintas áreas y de paso justificando el impuestazo que afectará a la clase media de esa ciudad y que está decidido a imponer.
No nos debe extrañar que tanto los más ricos como el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta tengan el mismo comportamiento ante leyes emanadas del Congreso Nacional. En ambos casos amenazan con recurrir al Poder Judicial para conseguir que no se pongan restricciones a sus privilegios.
Esta recurrente apelación a la mal llamada justicia cuando se busca desconocer decisiones de los gobiernos surgidos de la voluntad popular demuestra el papel que los poderes permanentes le asignan de ser el dique de contención contra toda pretensión de recortar sus privilegios.
Debemos tener en cuenta que los cargos de jueces, camaristas y miembros de la Corte Suprema son vitalicios dado que en muchos casos ni siquiera aceptan retirarse a los 75 años tal como está establecido.
Recordemos también que con diferentes composiciones la Corte Suprema ha legitimado todos los golpes de estado de nuestra historia que interrumpieron la vigencia de nuestra constitución lo que demuestra a quienes responden y que no es precisamente al pueblo.
Es sabido que la gran mayoría de los argentinos tienen en muy baja estima al Poder Judicial y están de acuerdo con una reforma profunda para que responda más a los intereses populares que a los de los poderosos.
Sin embargo asistimos a una feroz campaña para evitar esa reforma con la falacia que se quiere imponer que es una tentativa de anular su independencia. En realidad es independiente de la voluntad popular.
